El Sindicato de Trabajadores del Estado, seccional San Andrés, levantó la voz en contra de lo que considera son violaciones sistemáticas a los derechos laborales en la OCCRE. A través de un comunicado presentado ante el Ministerio del Trabajo, Zimena Pusey, presidenta de la organización sindical, denunció que los problemas no solo persisten sino que se han agravado desde noviembre de 2025.

Lo que más preocupa al sindicato es lo que describe como un patrón de represalias contra quienes decidieron reportar irregularidades. Dieciséis funcionarios que hicieron exactamente lo que debería hacer un servidor público, advertir sobre problemas en la institución, se convirtieron en blanco de lo que el sindicato llama persecución laboral. "Ya esto lo hemos venido denunciando, y aun así… esto sigue escalando de manera descarada, lo que ocurre en la OCCRE no solo no se ha corregido, se ha profundizado", señaló Pusey.

El sindicato presentó un caso específico que ejemplifica su denuncia. Se trata de una funcionaria que fue parte del grupo que alertó nuevamente sobre la continuidad de problemas en la institución. Esta trabajadora fue enviada a vacaciones, pero luego la administración la comisionó oficialmente fuera de la isla. Sin embargo, aseguran desde el sindicato, la OCCRE omitió expedir el acto administrativo que por ley debería interrumpir esas vacaciones.

Cuando la funcionaria intentó resolver esta situación administrativa solicitando permiso para ausentarse, le fue negado. También le negaron la licencia no remunerada. Según el sindicato, la administración negó ambas solicitudes para que la trabajadora cubriera los errores de incompetencia de la entidad. Lo más grave, según el comunicado, es que además de las negativas, la amenazaron con iniciar un proceso disciplinario en su contra.

El caso cobra mayor relevancia porque la funcionaria solicitaba el tiempo para atender una diligencia urgente fuera del país relacionada con la ciudadanía de su hija menor de edad, incluyendo trámites en una embajada. Se trata de una madre cabeza de hogar que enfrentaba una situación legal de su hija mientras la administración respondía con presión y amenazas.

Desde el sindicato califican lo ocurrido como desviación de poder, abuso de autoridad y violación del principio de legalidad. También lo tipifican como acoso laboral y persecución sindical. El comunicado finaliza con un llamado sobre la falta de empatía entre servidores públicos y cuestiona en qué momento liderar se convirtió en humillar y perseguir a quienes denuncian irregularidades.