El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, conocido como Sindhep, sacó a la luz una situación que describe como alarmante: decenas de casos de presunto acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico. Lo que más preocupa a la organización sindical es el estado de una funcionaria identificada como Martha de la Cruz, quien está atravesando un grave deterioro de su salud mientras cursa el quinto mes de embarazo. El sindicato advierte que "Esta situación constituye una alerta institucional de máxima gravedad" y subraya que la entidad tiene un deber reforzado de protección hacia las trabajadoras en estado de embarazo.

Sindhep denuncia que esto no es un caso aislado. Según la información que ha recopilado, existirían más de diez denuncias por acoso laboral en la Regional Atlántico sin que se hayan tomado medidas estructurales serias para enfrentarlas. El patrón que identifica el sindicato sugiere que la violencia laboral estaría afectando de manera desproporcionada a las mujeres trabajadoras. Lo que genera mayor preocupación es que muchas de estas denuncias se han acumulado desde abril de 2023, cuando asumió la actual Defensora Regional, un período que Sindhep considera incompatible con los estándares mínimos de derechos humanos en el ámbito laboral.

En su comunicado, el sindicato plantea exigencias concretas. Pide protección integral inmediata para Martha de la Cruz, que incluya garantías para su vida, su salud, su estabilidad laboral y atención psicosocial especializada. También demanda la activación efectiva de las rutas contra el acoso laboral con enfoque de género y la apertura de investigaciones imparciales sobre todas las denuncias conocidas.

El sindicato va más allá y cuestiona la permanencia en el cargo de la actual Defensora Regional mientras persista "el cúmulo de denuncias sin decisiones claras y transparentes que aseguren imparcialidad". Sindhep también señala una contradicción con los compromisos públicos que ha asumido Iris Marín Ortiz, la Defensora del Pueblo nacional, respecto a la agenda de género y protección de derechos de las mujeres.

Lo paradójico del asunto es que se trata de denuncias al interior de la misma institución que existe para defender los derechos humanos. El sindicato es contundente en su posición: "El acoso laboral y la violencia institucional no pueden normalizarse en una entidad cuya misión es precisamente la defensa de los derechos humanos".

Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico no ha respondido públicamente a estas denuncias.