El hallazgo de 145 millones de pesos en un Toyota Corolla en Hatonuevo, La Guajira, sigue generando más preguntas que respuestas. Lo que inicialmente parecía un simple traslado de efectivo se convirtió en un rompecabezas para los investigadores cuando descubrieron la forma peculiar en que estaba organizado el dinero: dividido en siete sobres de manila, cada uno con anotaciones escritas a mano.

El coronel Jair Alonso Parra, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, fue claro en sus explicaciones: "Cada uno tenía anotaciones hechas a mano con datos como el nombre de la persona a la que iba dirigido, un número de teléfono y el municipio o corregimiento donde, presuntamente, debía ser entregado". Los sobres estaban rotulados con los nombres de Dévora Barros, "Beba" Ramírez, Kevin Cantillo, Ghandy R., Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez. Las autoridades ya habrían identificado plenamente a al menos tres de estas personas y verifican si son realmente líderes políticos de la región o si sus nombres estaban siendo utilizados sin su consentimiento.

El dinero estaba cuidadosamente empacado dentro de una bolsa plástica, guardada en una maleta de viaje y oculto entre ropa y zapatos deportivos en el baúl del vehículo. En el automóvil también se encontró propaganda política educativa a favor de un candidato al Senado, un detalle que amplió considerablemente el horizonte de la investigación fiscal.

Jaime Lacouture, secretario de la Cámara, ha insistido en que el dinero tenía como destino la compra de un vehículo. Pero esa explicación choca frontalmente con la distribución en sobres individualizados dirigidos a personas distintas. Los investigadores ahora examinan si la letra manuscrita en los sobres corresponde a la de Lacouture, un aspecto clave para entender qué pasaba realmente con esos recursos a pocos días de las elecciones. La Fiscalía investiga si el dinero estaba destinado a actividades electorales, aunque oficialmente no se ha establecido el propósito final de los fondos.

El abogado del escolta detenido argumentó que no se comprobó el origen ilícito de los recursos y que un juez de garantías declaró la captura ilegal, ordenando la devolución del dinero. Sin embargo, la investigación penal continúa, y para los funcionarios la pregunta más importante sigue siendo: por qué alguien transportaba más de cien millones de pesos distribuidos en sobres con nombres específicos si realmente solo iba a comprar un carro.