Cuando el presidente Gustavo Petro anunció en el Consejo de Ministros del 16 de marzo su orden de liquidar las EPS en quiebra, la intención fue clara. Pero la ejecución sigue en el limbo. Hasta ahora no existe una resolución oficial de la Superintendencia Nacional de Salud que nombre específicamente cuáles entidades serán cerradas, y eso es importante: no es lo mismo intervenir una EPS para administrarla que liquidarla directamente.

Aunque no hay lista oficial, sí hay un radar muy preciso. Siete entidades despiertan las alarmas más rojas: Coosalud, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Capresoca. No porque ya estén sentenciadas con un acto administrativo, sino porque todas vienen intervenidas, cargan problemas operacionales y de sostenibilidad, y quedaron de frente en la apuesta del Gobierno por reorganizar el sistema.

La dimensión de esto es considerable. Tomando los datos reportados por la Superintendencia hasta junio de 2025, esas siete EPS juntan 11.955.294 afiliados. Coosalud lidera con 3.365.862 usuarios, seguida por Famisanar con 2.702.217, Emssanar con 1.692.695, Savia Salud con 1.687.566, Asmet Salud con 1.588.189, SOS con 749.248 y Capresoca con 169.517. No es un número marginal: casi 12 millones de personas están pendientes de lo que suceda.

Nueva EPS, aunque también está intervenida y en crisis, juega en otra liga por ahora. Con 11.760.695 afiliados es la más sensible del sistema, pero el Gobierno la ve menos como una entidad para cerrar y más como la estructura sobre la cual reorganizar parte del modelo. El ministro de Salud incluso mencionó que Petro ordenó volverla pública. Eso la mantiene en una zona gris diferente al resto.

¿Qué deben saber hoy los afiliados? Lo primero es que no hay pánico justificado aún, pero sí hay claridad política: estas siete EPS están en la mira. Si llega a haber liquidación, el proceso no es de un día para otro. Los usuarios pasarían por medidas especiales y traslados regulados que buscan mantener la continuidad del aseguramiento. Lo que hace falta es que el Gobierno pase del anuncio a los hechos concretos.