Pese a estar bajo investigación por asuntos de corrupción, siete congresistas lograron convencer a los electores para permanecer en el Congreso durante los próximos cuatro años. El hecho reaviva la discusión sobre si los colombianos tienen memoria corta en materia electoral o si, simplemente, priorizan que sus representantes "colaboren" por encima de otras consideraciones.

Lo más preocupante es que tres de estos repitentes están directamente vinculados con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, una de las crisis de corrupción más graves que ha enfrentado el gobierno de Gustavo Petro.

Wadith Manzur es un congresista conservador de Córdoba que llegará al Senado con 125 mil votos. La Corte Suprema lo investiga por presuntamente actuar como "vocero" para direccionar contratos de la UNGRD a cambio de favores legislativos para el Gobierno. Está bajo proceso por cohecho impropio e interés indebido en celebración de contratos. Los investigadores analizan chats de celulares de otros implicados que sugerirían intentos de comprar votos en la Comisión de Crédito Público del Congreso. Manzur ha sido mencionado por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, como uno de los parlamentarios que presuntamente se beneficiaron de la corrupción. Él ha rechazado las acusaciones asegurando que los señalamientos buscan "generar caos para beneficiarse" y sostiene que el exdirector "le miente al país".

Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, también está inmersa en el expediente de la UNGRD y obtuvo 59 mil 633 votos. Según la Fiscalía, durante la audiencia de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quedó al descubierto la repartija de contratos en el Congreso. El esquema habría incluido cuatro proyectos ante el Invías por más de 571 mil millones de pesos y cinco en la UNGRD por más de 40 mil millones. Todo esto funcionaba como "cupos indicativos" para congresistas a cambio de votos, quórum y apoyo en debates. Peralta habría pedido orientar contratos hacia distintos congresistas de la coalición que exigían mayor participación. Tras su victoria, Peralta afirmó: "¡Ganamos! A pesar de los intentos por silenciar el voto indígena, de que en muchos lugares no entregaron el tarjetón de nuestra circunscripción, a pesar de las calumnias, mentiras y ataques, el pueblo habló en las urnas".

La tercera involucrada en la UNGRD es Ligia Margarita Manrique, quien repetirá curul con 5 mil 640 votos por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz. Olmedo López y la testiga María Benavides la mencionaron en sus declaraciones, aportando chats de WhatsApp porque presuntamente era muy insistente en que le repartieran contratos, particularmente uno en Saravena que habría requerido desviar recursos. Manrique espera la decisión de la Corte sobre si será llamada a juicio.

Fuera del escándalo de la UNGRD hay otros casos igual de inquietantes. David Racero, del Pacto Histórico, fue citado a indagatoria apenas dos días antes de las elecciones por presunto delito de concusión. Se investiga si utilizó de manera irregular integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo para asuntos de un negocio particular, un mercado de frutas, y si hubo presiones para que colaboradores hicieran consignaciones de porcentajes de sus salarios a sus cuentas. Audios reservados documentarían condiciones laborales precarias en el mercado.

Wilmer Carrillo, de La U, enfrenta investigaciones que se remontan a 2016 por presunto tráfico de influencias, concusión, interés indebido en celebración de contratos y peculado. Se le acusa de haber influenciado el nombramiento de la directora del hospital regional en Ábrego, Norte de Santander, cuando el entonces gobernador William Villamizar estaba en el cargo. Posteriormente, habría direccionado contratos de gasolina e insumos médicos hacia la Gobernación y recibido dinero por ello. La Corte determinó que hay evidencias para llevarlo a juicio, aunque esa decisión aún puede ser apelada.

Didier Lobo, de Cambio Radical, está siendo investigado por incremento patrimonial injustificado cuando fue alcalde de La Jagua de Ibirico entre 2011 y 2014. El proceso inició en 2024 cuando llegó la denuncia. Se indaga si el excedente provino de actividades ilícitas. Entre las diligencias se detectaron consignaciones en efectivo de terceros cuya identidad no ha sido identificada. Lobo niega todo "rotundamente", pero el proceso continúa abierto.

Finalmente, un senador del Pacto Histórico es investigado por presunto lavado de activos y concusión. La Corte examina la financiación de su campaña de 2022 para establecer si como concejal de Medellín en 2021 pidió aportes económicos a personas vinculadas con contratos municipales. También se investigan inconsistencias en la forma en que obtuvo recursos durante el proceso electoral. En paralelo, la Corte abrió investigación por presunta violencia intrafamiliar, aunque su expareja difundió un video rechazando haber sido víctima de agresiones, mientras otros involucrados aseguran tener pruebas.