La mañana del lunes dejó una estampa que Santa Marta no está acostumbrada a ver: carreteras cerradas, vehículos en llamas, campesinos desplazados y una ciudad entera con el comercio a media marcha. Los bloqueos en la Troncal del Caribe generaron caos en los corredores viales del norte del Magdalena mientras el Ejército Nacional se enfrentaba a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN. Pero detrás de los combates, hay una realidad incómoda que defensores de derechos humanos no dejan de señalar: la violencia nunca se fue, solo se congeló temporalmente.

Norma Vera, defensora de derechos humanos, fue contundente al analizar lo que está sucediendo. Según ella, los hechos de estos días demuestran que "Más allá de la confrontación armada, la crisis actual en la Sierra Nevada de Santa Marta expone el agotamiento de La Paz total, que solo congeló temporalmente la violencia, sin desmontar el verdadero poder territorial de los grupos armados". Para Vera, lo preocupante no es que el Estado retome operaciones militares contra estructuras ilegales, sino que tras años de diálogos y negociaciones, los grupos armados mantienen intacta su capacidad de paralizar regiones enteras.

El punto crucial está en cómo estos grupos dominan la vida cotidiana de las comunidades, no solo militarmente sino también en lo económico y social. "Si una carretera clave puede ser bloqueada a voluntad, si una región entera puede quedar desabastecida o si cientos de personas terminan confinadas durante horas, la conclusión es ineludible: el problema de la gobernabilidad territorial sigue sin resolverse", explicó Vera. Ella habla de un "gobierno de facto que persiste a la sombra de las negociaciones", una situación que trasciende cualquier confrontación puntual con la fuerza pública.

Lerber Dimas, otro defensor de derechos humanos, enfatizó en algo que muchos olvidan: la población civil es la que carga con el peso de esta guerra. Aunque comprende el descontento de las comunidades frente a los procesos de paz fallidos, es claro que "hay unas situaciones vulnerables que deslegitiman por completo cualquier bloqueo o cualquier validación o busca de validación por muy legítima que sea". Santa Marta entera respira un "miedo colectivo" que se palpita en cada rincón de la ciudad, donde la movilidad disminuyó y los negocios tuvieron que cerrar o reducir operaciones.

El turismo, que es la sangre de la economía samaria, está siendo golpeado fuertemente. Dimas advirtió que "hay un movimiento económico que se pierde con esta situación y que genera toda esta incertidumbre y sobre todo que genera todo este daño económico que no va a ser tan fácil revertir en una temporada turística y en una ciudad que depende del turismo". No se trata solo de dinero: familias enteras ven alteradas sus rutinas diarias, estudiantes no pueden llegar a colegios, trabajadores se ven impedidos de ganarse el sustento.

Ambos defensores coinciden en algo fundamental: la solución no vendrá de más combates, sino de espacios de diálogo real. Dimas fue claro en su llamado: "La invitación que nosotros hacemos es buscar el diálogo y el diálogo tiene que ser un diálogo sincero, tiene que ser un diálogo abierto, tiene que ser un diálogo constructivo". Mientras los operativos militares continúan y los bloqueos persisten, miles de habitantes de Magdalena y La Guajira siguen pagando el precio más alto. La prioridad debe ser proteger a esa población civil que nada tiene que ver con estas confrontaciones, recuperar la movilidad y evitar que los costos de la guerra sigan recayendo sobre quienes menos pueden soportarlos.