La Sierra Nevada de Santa Marta es mucho más que una geografía que se eleva desde el Caribe hasta los 5.775 metros del Pico Cristóbal Colón. Es un escenario de pugnas constantes entre derechos territoriales, mandatos constitucionales y ambiciones políticas que no siempre están alineadas con quienes realmente viven allí.

El más reciente episodio de esta disputa tiene nombre: la nulidad del Decreto 1500 de 2018 y la expedición del Decreto 0514 de 2026. Un movimiento que deja en el aire una pregunta incómoda que Colmenares se atreve a formular: ¿hasta cuándo vamos a preferir el litigio sobre el acuerdo?

La llamada Línea Negra representa el sistema de espacios sagrados que delimita el territorio ancestral de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. Su reconocimiento formal viene de décadas atrás, desde el Decreto 1142 de 1978 y la Resolución 002 de 1973 del Incora, pero fue la Constitución Política de 1991 la que le dio peso constitucional a este debate al reconocer a Colombia como Estado pluriétnico y multicultural. Desde entonces, la Corte Constitucional ha sido clara: estos territorios sagrados merecen protección reforzada y el Estado tiene obligación de hacer consulta previa antes de tomar decisiones que los afecten.

El problema fue que el Decreto 1500 de 2018 no se hizo correctamente. Le faltó cartografía oficial definitiva y, más grave aún, no se consultó adecuadamente con comunidades Wayuu, Chimila y consejos comunitarios afrocolombianos que también estaban dentro del área de influencia. El Consejo de Estado, en 2026, anuló el decreto por falsa motivación y expedición irregular. Esta vez el gobierno actuó con más agilidad: convocó una consulta previa ampliada, publicó documentos técnicos y culturales, respondió observaciones ciudadanas y expidió el nuevo Decreto 0514, esta vez respaldado en cartografía oficial del IGAC que georreferencía 348 espacios sagrados.

Pero el proceso sigue sin ser perfecto. Algunos pueblos cerraron la consulta con acuerdos, otros sin ellos. Las comunidades negras avanzaron solo parcialmente en sus consultas. Y para los pueblos serranos, el gobierno aplicó una tesis particular: que el contenido esencial del decreto provenía de su propia iniciativa normativa. Las tensiones no desaparecieron; simplemente cambiaron de forma.

Aquí es donde Colmenares detiene la argumentación técnica y apela a algo más profundo: la conciencia. La Sierra Nevada no puede seguir siendo rehén de disputas interminables entre actores que la invocan desde intereses ajenos a quienes la habitan. El columnista advierte, además, sobre un fenómeno que los juristas conocen bien: la aparición de actores sin presencia histórica real que buscan infiltrarse en los procesos de consulta previa para obtener beneficios económicos, políticos o territoriales. Eso desvirtúa el propósito, dilata los procesos y, lo más grave, daña la credibilidad de las comunidades con vínculo genuino y ancestral con ese territorio.

Para que funcione, las instituciones deben ser rigurosas: ¿quién realmente habita el área? ¿Quién tiene presencia histórica verificable? ¿Quién sufriría un impacto directo en sus derechos? Preguntas simples que evitarían oportunismo.

El Decreto 0514 de 2026 podría marcar el inicio de una etapa más madura si hay voluntad política y comunitaria para sostenerla. Los pueblos serranos llevan siglos cuidando ese territorio. Las comunidades afrocolombianas ribereñas han construido sus vidas allí. Las ciudades del pie de monte dependen del agua que baja de esas montañas. La sensatez, concluye Colmenares, no pide que nadie renuncie a sus derechos, sino que todos los ejerzan con responsabilidad, verdad y respeto mutuo.