El pulso legal en el fútbol profesional colombiano está lejos de terminar. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), liderada por Cielo Rusinque, acaba de presentar una acción de nulidad contra una reciente decisión de la Corte Constitucional que dejó sin efectos millonarias sanciones impuestas a la Dimayor y cinco clubes profesionales. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) respalda completamente este movimiento legal.

El núcleo del problema es una sentencia que perdonó penalizaciones contra directivos del fútbol nacional acusados de crear lo que se conoce como "veto": un sistema anticompetitivo mediante el cual los clubes se ponían de acuerdo para no contratarse jugadores entre sí, limitando injustificadamente su movilidad laboral. La SIC había investigado durante años y logró comprobar estos acuerdos ilegales, por lo que en enero de 2025 impuso sanciones superiores a ocho mil millones de pesos.

Sin embargo, la Sentencia T-070 de 2026 anuló todo eso. Según la superintendente, esta decisión "presenta notables inconsistencias en sus presupuestos fácticos y jurídicos… terminará por llevar a la impunidad una conducta anticompetitiva que no solo viola la libre competencia económica, sino que afecta el desarrollo profesional de los futbolistas".

ACOLFUTPRO suma otro reclamo importante: cuestiona la imparcialidad de la Corte. El gremio de futbolistas señaló que el magistrado Carlos Camargo Assis, quien participó en la Sala Primera de Revisión que emitió la sentencia, mantiene una estrecha cercanía con directivos del fútbol profesional e incluso ha formado parte de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.

Los clubes sancionados en enero de 2025 fueron Deportivo Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club y Atlético Fútbol Club. Todos ellos fueron señalados de participar en el sistema de restricciones que afectaba a los jugadores.

Para ACOLFUTPRO, permitir que esta sentencia quede en firme sería un retroceso judicial que premia a los infractores y destruye años de trabajo institucional. Por eso piden a la Sala Plena de la Corte Constitucional que revise la nulidad y garantice que los futbolistas colombianos puedan ejercer su carrera sin trabas ilegales.