La Superintendencia de Industria y Comercio acaba de aplicar el machetazo: una multa de más de $4.600 millones a Movistar por dejar vulnerables a sus usuarios ante uno de los fraudes digitales más peligrosos de los últimos años. La sanción llegó mediante la Resolución 26355 del 15 de abril de 2026, después de que los inspectores detectaran que la empresa colombiana "no implementó de manera adecuada mecanismos confiables para verificar la identidad de los usuarios al momento de hacer la reposición de las tarjetas SIM".

¿Qué significa eso en la práctica? Pues que los delincuentes tenían un camino pavimentado para ejecutar el SIM Swapping, una técnica sofisticada de fraude financiero que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito denunció en 2024. El modo de operación es brutal: engañan al proveedor de telecomunicaciones para que transfiera el número telefónico de la víctima a una tarjeta SIM en poder del delincuente. Una vez que tienen el control de la línea, pueden interceptar los mensajes de texto e incluso los códigos de verificación de dos factores que envían los bancos, accediendo directamente a las cuentas bancarias y servicios digitales de la gente. En otras palabras, vacían el bolsillo de los afectados sin que estos se den cuenta.

Movistar intentó defenderse asegurando que ya había implementado cambios en sus protocolos de seguridad, pero la SIC fue clara: las omisiones fueron sistemáticas y dejaron sin protección a múltiples usuarios. Las fallas no fueron accidentes de una vez, sino problemas que se repetían una y otra vez en los procesos de la empresa.

Lo preocupante es que Movistar no es la única en la mira. La SIC también abrió investigaciones administrativas contra Tigo, Claro y WOM por presuntas fallas similares en seguridad. Si se comprueba que incumplieron, cada operador podría enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes, que serían aproximadamente $21.345 millones. Es decir, los golpes podrían ser aún más duros.

La SIC reiteró que seguirá vigilando de cerca al sector de telecomunicaciones para fortalecer la protección de los usuarios y evitar abusos que comprometan la seguridad digital. El mensaje está claro: si no cuidan a la gente, se irán al bolsillo.