En los corregimientos de Leticia y Martinica, además de las parcelas Santa Paula y Cedro Cocido en Montería, la vida se ha convertido en una batalla diaria por conseguir agua. El intenso verano agravado por El Niño dejó a más de 6.000 personas en estas zonas rurales enfrentándose a una sequía que la ha puesto al borde del colapso. Lo que debería haber sido resuelto hace años sigue siendo una pesadilla: el acueducto regional que prometieron entregar en julio del año pasado simplemente no funciona.

Mientras las autoridades anunciaban fechas que nunca se cumplen, la realidad en el terreno es mucho más cruda. Las familias no tienen otra opción que comprar agua en bolsa para beber, porque no llega nada de las tuberías. Para lavar la ropa, preparar la comida o hacer la limpieza de la casa, deben recorrer distancias cargando agua en carretas y canecas que traen desde el "pozo del gobierno", una represa que lleva funcionando desde 1963 en las afueras de Leticia. En pleno siglo XXI, depender de un aguadero de hace sesenta años es la realidad cotidiana de estos monterianos.

El proyecto del acueducto comenzó hace dos o tres años con la intención inicial de beneficiar solo a Santa Paula y Cedro Cocido. Pero cuando Leticia y Martinica vieron que las redes pasarían por sus territorios sin dejarles nada, pidieron ser incluidas. Las autoridades aceptaron la ampliación, pero eso no ha significado que avancen más rápido. El cierre financiero de la obra ocurrió desde 2021 y cuesta más de 12 mil millones de pesos, una inversión que hasta ahora no ha generado ni una gota de agua para la población.

Los líderes comunitarios ya están dando la alarma. No es solo frustración por los retrasos, sino miedo real de que esto termine siendo otro "elefante blanco": una obra gigante que costó una fortuna pública pero que nunca funcionará como debería. Hacen un llamado urgente a la Alcaldía de Montería y la Gobernación de Córdoba para que aceleren las obras, porque en plena ola de calor, cada día que pasa sin agua es un día más de sufrimiento innecesario para familias que llevan meses pidiendo lo que debería ser un derecho básico.