En el sur del Cesar crece la alarma por una sentencia de la Corte Constitucional que podría cambiar el futuro de miles de personas. Se trata de la Sentencia de Unificación SU-235 de 2016, que tiene que ver con la antigua Hacienda Bellacruz, ahora conocida como Hacienda La Gloria. Los trabajadores, líderes comunitarios y autoridades locales temen que su aplicación pueda llevar al cierre o reducción de operaciones de esta empresa agroindustrial que mueve buena parte de la economía de la zona.

Lo que más preocupa es que más de mil empleos directos están en la cuerda floja. No se trata de números fríos en un informe: detrás de cada uno de esos mil empleos hay familias que dependen de este trabajo para poner comida en la mesa, pagar servicios y darle educación a sus hijos. El concejal del municipio de La Gloria, Donaldo Vilardy, ha pedido directamente al Gobierno Nacional y a la Corte que revisen con cuidado lo que podría pasar. "No queremos una catástrofe laboral en la región. Son más de mil personas que dependen de la Hacienda La Gloria para sostener a sus familias y garantizar la educación de sus hijos", manifestó el cabildante.

Los efectos no se quedarían solo en La Gloria. Líderes como Gregorio Riaño señalan que el golpe económico se sentiría en diferentes municipios y corregimientos del sur del Cesar: Pelaya, Aguachica, Tamalameque, y sectores rurales como La Mata, San Bernardo y Costilla. Son zonas donde la actividad palmera y agroindustrial es fundamental para la sobrevivencia de las comunidades. Mario Alberto Bustamante, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Simaña, coincide en que una reducción de operaciones golpearía toda la economía local.

Entre las voces más crudas está la de Leidys Johana Pedrozo, trabajadora de este grupo agroindustrial y madre que sostiene sola a su familia. Para ella, la incertidumbre no es abstracta: tiene hijos estudiando en la universidad y compromisos económicos que mantienen el hogar a flote. "Tenemos hijos estudiando en la universidad y múltiples compromisos económicos. Hoy sentimos temor porque nuestra edad dificulta encontrar nuevas oportunidades laborales", expresó.

Aunque desde diferentes sectores se reconoce que existen derechos de campesinos que deben ser considerados en esta sentencia, también existe un llamado urgente a que se analice con cuidado cómo proteger a los trabajadores y sus familias mientras se resuelve la situación. La región espera que el Gobierno Nacional y la rama judicial encuentren un camino que no sacrifique el empleo de miles de personas.