La senadora Isabel Cristina Zuleta está en el centro de una tormenta judicial. La Corte Suprema de Justicia investiga a la congresista del Pacto Histórico por cuatro indagaciones previas relacionadas con su rol en los procesos de paz urbana en Medellín. Según confirmó Mauricio Lenis, presidente del alto tribunal, estos casos se encuentran en la fase inicial donde se recopilan pruebas para determinar si hay mérito para abrir investigaciones formales.

Uno de los hechos más polémicos investigados ocurrió el 8 de abril en la cárcel de Itagüí, donde se realizó lo que se conoce como la "megafiesta". En ese evento habrían participado reconocidos cabecillas criminales como alias "Douglas", "Tom", "Vallejo" y "Carlos Pesebre". El evento contó con artistas como Nelson Velásquez y una logística poco común en un centro penitenciario. Las autoridades investigan posibles irregularidades y versiones señalan que habría estado vinculado a celebraciones internas dentro de los diálogos con estructuras criminales.

Otra de las investigaciones surge de una denuncia de la exministra Ángela María Buitrago, quien acusa a Zuleta de presuntas presiones contra operativos del INPEC en 2024. La senadora habría cuestionado procedimientos penitenciarios mediante mensajes, calificándolos incluso como un posible "sabotaje" a los diálogos de paz en Medellín. A esto se suma el llamado "tarimazo", un evento público en Plaza de La Alpujarra donde participaron jefes de estructuras criminales trasladados desde prisión, que también es investigado judicialmente.

Los problemas legales de Zuleta van más allá de la Corte Suprema. El Consejo de Estado adelanta un proceso de pérdida de investidura por presunto tráfico de influencias relacionado con el mismo "tarimazo". Estos hechos ocurren en el marco de la política de "paz total" del presidente Gustavo Petro, que ha permitido la suspensión temporal de órdenes de captura a varios líderes criminales para facilitar su participación en mesas de diálogo. Varios de los asistentes a estos eventos fueron beneficiados con esta medida.

Las autoridades continúan recaudando pruebas sobre estos episodios mientras la Corte Suprema define si las indagaciones avanzan a etapas formales. El caso mantiene abierto un debate incómodo sobre los límites y riesgos de negociar con estructuras criminales en contextos urbanos, especialmente cuando estas negociaciones involucran a congresistas.