La senadora Martha Peralta Epiayú, del Pacto Histórico, se encuentra detenida en su residencia tras una orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La medida se tomó para garantizar su comparecencia en las diligencias investigativas sobre el escándalo que rodea a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Todo ocurrió después de que Peralta solicitara aplazar en dos ocasiones su indagatoria, por lo que la magistrada Cristina Lombana ordenó que fuera conducida por la Policía para que enfrentara el interrogatorio.

La Fiscalía apunta a la senadora como la supuesta arquitecta de una estrategia diseñada para "torcer" el voto de varios parlamentarios. Según las investigaciones, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco habría ordenado a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, apoyar la reforma pensional entregando contratos a congresistas para ampliar mayorías en la Comisión Séptima del Senado. El 13 de junio de 2023, Peralta Epiayú y López habrían acordado gestionar proyectos de la UNGRD para beneficiar a colegas de su comisión, en particular a la senadora Berenice Bedoya.

El expediente judicial sugiere que Peralta operaba bajo una división del trabajo bien definida. Habría pedido a López que atendiera a los congresistas de la coalición que protestaban por la "escasa participación" que tenían en el Gobierno, direccionando la contratación de la UNGRD a su favor para "aceitar" el trámite legislativo. De acuerdo con testimonios, la senadora presionó por la vinculación de 23 personas mediante órdenes de prestación de servicios y solicitó la contratación de figuras clave para su poder político en Maicao, La Guajira.

Entre los hallazgos principales está un presunto contrato de maquinaria amarilla y volquetas cercano a los 2.170 millones de pesos destinado a Riohacha. La Corte investiga si existió injerencia indebida en este proceso. Además, aparece un documento que Peralta habría enviado a López llamado "Inversiones en La Guajira", que incluía un paquete de 12 proyectos por un valor total de 558.026 millones de pesos, acompañado de una presentación de diez páginas y un listado de 23 personas con perfiles técnicos.

Las pruebas que respaldan la investigación incluyen conversaciones de WhatsApp entre Peralta y López ocurridas entre el 13 y el 23 de junio de 2023. Olmedo López, hoy colaborador de la justicia, entregó chats, cuadros de proyectos, hojas de vida y documentos de soporte durante su interrogatorio ante la Fiscalía el 15 de julio de 2024. También consta la remisión de la hoja de vida de Carmen Domitila Iguarán Suárez, una contratista cuyos registros ocupan 23 folios del expediente, aunque Iguarán ha negado públicamente tener "poder decisorio" en la UNGRD.

La Corte Suprema investiga a Peralta por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Los investigadores examinan si la senadora hizo parte de un esquema de "cupos indicativos" dentro de la UNGRD, mediante el cual congresistas habrían gestionado contratos y recursos regionales a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno Nacional en el Congreso. El objetivo, según lo conocido, era consolidar apoyos legislativos para la reforma pensional y otras reformas del gobierno de Gustavo Petro.