El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que ya ha salpicado al primer año del gobierno Petro, llegó hasta la bancada del Pacto Histórico en el Congreso. La senadora Marta Peralta fue detenida en las primeras horas de la mañana del viernes 20 de junio para ser conducida a indagatoria tras la orden de la magistrada Cristina Lombana. El caso ha tomado relevancia nacional porque se suma a las imputaciones ya realizadas contra exfuncionarios de alto nivel, como los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.

Peralta Epiayú enfrenta investigación por tres delitos específicos: tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Desde el jueves 18 de junio el tema se convirtió en noticia de primera página. La senadora originaria de La Guajira se ha mantenido diciendo que es inocente de los cargos, pero las declaraciones de Olmedo López, uno de los principales involucrados en el escándalo, cuentan una historia distinta. Según su testimonio ante la Fiscalía General, la congresista habría mostrado interés personal en un contrato de maquinaria amarilla tasado en 2.200 millones de pesos.

Los hechos que se le imputan se remontan a septiembre de 2023, cuando Peralta llegó a las instalaciones de la UNGRD acompañada de personas que presentó como dueños de equipos de maquinaria amarilla y cercanos a ella. De acuerdo con López, la senadora solicitó que estos contactos fueran contratados para trabajar en La Guajira. Los registros de ingreso que reveló Noticias RCN confirman que Peralta acudió a la entidad ese mes, esta vez junto con el contratista Jorge Riscal Mufdi, coincidiendo con lo relatado por el exfuncionario.

El abogado defensor de Peralta, Henry Montes, ha cuestionado los procedimientos seguidos en el caso. Argumentó que su cliente no ha tenido acceso a las declaraciones completas de Olmedo López y Sneyder Pinilla, otros implicados en la investigación. Para participar correctamente en una indagatoria, que es el derecho fundamental de defensa, señaló el abogado, la senadora debe conocer todo el material probatorio que obra en el expediente.

Olmedo López, quien solicitó un preacuerdo con la Fiscalía que fue rechazado por el tribunal de Bogotá, sostiene que Peralta le pidió gestionar un contrato de más de 2.210 millones de pesos en favor de representantes de la empresa IRL SAS. El proyecto estaba relacionado con el tratamiento y mantenimiento de pozos en el departamento de La Guajira. Con base en estos testimonios, la Corte formalizó la investigación contra la senadora el 14 de mayo de 2026.