Un conflicto de tierras en el Valle del Cauca ha llegado a la arena política con acusaciones de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia contra la Agencia Nacional de Tierras. Según la congresista, la ANT estaría cometiendo irregularidades en la compra del predio denominado "Peñasgordas A y B", ubicado en el corregimiento de Zelandia, municipio de Dagua. Lo que preocupa a Valencia es que esta transacción de 272 hectáreas podría significar el desplazamiento de una comunidad campesina que ha vivido allí durante más de dos décadas.

El trasfondo del asunto viene desde 2024, cuando la ANT comenzó a insistir en la adquisición del terreno con el propósito de entregarlo al resguardo indígena Yu Yik Kwe. Valencia sostiene que esto genera un problema legal insuperable: la presencia histórica de familias campesinas en el territorio haría que la compra fuera legalmente imposible. "Esta compra sería ilegal y generaría detrimento patrimonial", advirtió la senadora sobre la operación.

Lo inquietante es lo que ha ocurrido después de que se supuestamente llegara a un acuerdo. El 1 de agosto de 2025, el director de la ANT, Felipe Harman, se reunió con el propietario, los campesinos y representantes de la comunidad indígena para buscar una salida concertada. En esa ocasión se habría pactado establecer una ruta de diálogo y suspender la compra mientras se construía una solución. Pero según Valencia, ese compromiso nunca se cumplió. "La comunidad de la zona me informa que la ANT habría seguido adelante con la compra del predio y en febrero de 2026 personal de la entidad habría amenazado a los campesinos con retirarlos del predio con la Fuerza Pública, a pesar que esta compra sería ilegal", explicó la congresista.

La desesperación de estos campesinos ha crecido. En diciembre de 2025 hicieron un plantón a las afueras de la sede de la ANT en Cali para exigir una solución justa, pero su llamado de atención no fue respondido. Valencia también ha buscado respuestas por la vía institucional. Desde noviembre presentó solicitudes de información que la ANT no ha contestado. Incluso tuvo que acudir a una tutela ante los juzgados, que falló a su favor, y se han emitido tres requerimientos adicionales sin respuesta. "Ni siquiera la amenaza del desacato, la cárcel y la multa los mueve", denunció Valencia sobre la actuación de la ANT.

La senadora describió la situación como crítica, advirtiendo que cientos de familias podrían perder sus viviendas y su sustento si el desalojo se concreta. Agregó que la Defensoría del Pueblo ha realizado acompañamiento a la comunidad y pidió a la ANT cumplir los compromisos de agosto de 2025, sin que se hayan visto avances. Por ello, Valencia solicitó que la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo revisen la compra del predio para determinar si hay irregularidades que configuren detrimento patrimonial o vulneración de derechos.