El senador Jota Pe Hernández envió una carta formal al Senado de la República para reportar que existe un plan criminal en su contra. Según el parlamentario, la Fiscalía General de la Nación le comunicó oficialmente esta amenaza y por eso solicitó que se activen medidas administrativas para proteger su seguridad.

En el documento, Hernández manifestó que la situación requiere acciones urgentes. "Por medio de la presente, me veo en la obligación de poner en conocimiento con carácter de urgencia, que soy víctima de un plan criminal de alto riesgo, cuyo propósito explícito es atentar contra mi vida y la de mi familia", indicó en la comunicación. Agregó que la Fiscalía le transmitió los elementos de juicio que fundamentan la denuncia penal, que ya está en curso con un radicado específico.

El senador expresó su preocupación sobre el nivel de protección que ha recibido hasta ahora. Aseguró que tanto su seguridad como la de su núcleo familiar se encuentran en riesgo real e inmediato, y que las medidas adoptadas no han sido suficientes ni efectivas para la gravedad del caso. Esta fue la razón principal por la que decidió escalar el asunto ante el Senado y otras instituciones del Estado.

Aunque Hernández es ampliamente reconocido por ejercer una postura crítica y de oposición contra el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, el senador no ha aclarado si las amenazas están directamente relacionadas con su posición política. Lo que sí destacó es que ha sido elegido en dos periodos consecutivos como el tercer Senador más votado del país, lo que considera refleja su representatividad.

La carta fue remitida no solo al Senado, sino también a una lista extensa de instituciones estatales. Entre ellas se encuentran los órganos de control, la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ejército, la Dirección de Inteligencia, la Presidencia de la República, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia, entre otras. Con esto, Hernández buscó que toda la institucionalidad estatal tuviera conocimiento de lo que considera una amenaza de máxima gravedad.