El senador Didier Lobo Chinchilla, miembro de Cambio Radical, enfrentará juicio tras la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de acusarlo formalmente. Los hechos que le imputan ocurrieron cuando era alcalde de La Jagua de Ibirico en el Cesar durante 2012, cuando administró un contrato destinado a garantizar alimentación a población vulnerable del municipio.

El contrato 0340 de 2012 tenía un presupuesto de $15.295 millones y su objetivo era entregar paquetes nutricionales a niños con desnutrición, madres lactantes y mujeres en estado de gestación. Según la investigación judicial, el proyecto fue desviado hacia fines ilícitos, causando un detrimento patrimonial de $1.492 millones de pesos. La Corte le imputa dos delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

El expediente revela que la Alcaldía habría manipulado el proceso de contratación. La Corte señala que se crearon pliegos de condiciones "a la medida" para favorecer a un solo proponente, incluyendo requisitos inusuales como solicitar un nutricionista con más de diez años de experiencia. En cuanto a los alimentos, los investigadores encontraron que sus valores fueron inflados arbitrariamente bajo el concepto de "costos indirectos" sin justificación técnica, lo que generó un sobrecosto de al menos $1.077 millones. Además, la Alcaldía presuntamente no realizó estudios de mercado para verificar si los precios pagados eran razonables.

Lobo ha negado cualquier responsabilidad penal en los hechos. Su defensa ya presentó un recurso de reposición para intentar frenar el juicio, argumentando que como alcalde no era el responsable técnico de realizar estudios de mercado ni supervisar cada detalle administrativo. El senador también señala que en el pasado la Contraloría falló a su favor, indicando que no había responsabilidad fiscal en este mismo caso.

A pesar de ser el quinto senador más votado de Cambio Radical y haber logrado su reelección para el período 2026-2030, Lobo es uno de los legisladores con más procesos abiertos ante la Corte Suprema. Además de este juicio, enfrenta otras cuatro investigaciones activas. Según información de El Tiempo, entre 2021 y 2025 ha sido vinculado en varios procesos: en agosto de 2021 por contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado; en 2022 por señalamientos similares en otros convenios; en julio de 2024 por presunto enriquecimiento ilícito; y en junio de 2025 por una nueva investigación.

Con la acusación de la Corte, el caso sale de la etapa de instrucción y avanza hacia la Sala Especial de Juzgamiento, donde se definirá la culpabilidad o inocencia del congresista. Por ahora, amparado por el principio de presunción de inocencia, Lobo podrá continuar ejerciendo sus funciones en el Congreso mientras no exista una condena en firme.