Una audiencia pública reunió en Bogotá a los principales actores del país para impulsar la reglamentación de una reforma constitucional que busca garantizar el derecho a la alimentación en Colombia. El evento giró en torno al Proyecto de Ley No. 290 de 2025, liderado por el senador Alfredo Deluque, y contó con participación de instituciones clave como la FAO, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y representantes de gobiernos locales.

La convocatoria no fue por casualidad. De acuerdo con el DANE, casi tres de cada diez hogares colombianos viven con inseguridad alimentaria, es decir, no tienen acceso garantizado a comida suficiente. Además, el Instituto Nacional de Salud ha documentado casos de niños que mueren por desnutrición, una realidad que refleja el alcance del problema más allá de las estadísticas.

Durante el encuentro, campesinos, académicos, funcionarios y ciudadanía en general coincidieron en que Colombia necesita una política pública integrada que enfrente el hambre de raíz. El debate no fue teórico: se buscaba recopilar propuestas técnicas que fortalezcan el proyecto de ley estatutaria que está en trámite en el Congreso.

El senador Deluque fue claro en su postura. "Este es un paso clave para que una reforma constitucional histórica se convierta en una realidad. El Estado debe garantizar que ningún colombiano padezca hambre", señaló. Con estas palabras resumió lo que muchos en la audiencia consideran un imperativo: que el derecho a la alimentación deje de ser una promesa en el papel y se traduzca en acciones concretas que lleguen a la mesa de los colombianos más vulnerables.