El senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, acudió a los tribunales para advertir sobre lo que considera una amenaza para el bolsillo de todos los colombianos. Presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, argumentando que hay riesgos serios en las finanzas públicas y que es necesario proteger el patrimonio del Estado y la moralidad administrativa.

El congresista no está solo en su preocupación. Tanto el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) como la Contraloría General han levantado la voz alertando sobre el crecimiento del déficit y el endeudamiento nacional. Estas advertencias técnicas sustentan la demanda de Deluque, quien considera que la decisión del Gobierno de flexibilizar la regla fiscal mediante una cláusula de escape representa un riesgo para la estabilidad económica que todos necesitamos.

Los números que respaldan esta preocupación son bastante claros. El déficit fiscal alcanzó el 6,4 por ciento del Producto Interno Bruto durante 2025, uno de los más altos de años recientes. Las proyecciones del CARF indican que la deuda pública podría llegar al 60,3 por ciento del PIB, mientras que el Estado tendría que conseguir aproximadamente 167,9 billones de pesos para cumplir con sus obligaciones en 2026.

Deluque fue enfático al aclarar que su acción judicial responde a análisis técnicos y a las recomendaciones de expertos económicos, y no a diferencias políticas con el Gobierno. En su concepto, la flexibilización de las metas fiscales llegó en el peor momento, cuando lo que el país necesita es mayor disciplina y estabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Lo que pide el senador ante la justicia es concreto: que el Ministerio de Hacienda elabore e implemente un plan técnico que permita corregir el déficit y garantizar una administración responsable de la deuda. Para él, esto es crucial para evitar que el patrimonio estatal se siga deteriorando.

El congresista también alertó sobre algo más profundo. Un desbalance prolongado en las finanzas públicas, advierte, podría traer consecuencias sociales difíciles de reparar a futuro, afectando la inversión y el acceso de las próximas generaciones a empleos, salud, educación y seguridad. Por eso solicitó al Tribunal de Cundinamarca que le dé prioridad al proceso, buscando defender los derechos colectivos y prevenir impactos macroeconómicos de los que después sería muy difícil recuperarse.