El senador Alfredo Deluque acudió a la justicia para cuestionar una de las decisiones más polémicas del Gobierno Nacional en materia fiscal. Radicó una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, argumentando que la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal pone en riesgo el patrimonio público y la moralidad administrativa del país.

El recurso judicial se apoya en informes de alerta emitidos por dos entidades clave: el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) y la Contraloría General de la República. Ambas instituciones han advertido sobre un deterioro severo en las finanzas del Estado. Los números son preocupantes: el déficit fiscal alcanzó el 6,4% del PIB en 2025, uno de los más altos que ha registrado el país en años recientes. Además, el CARF proyecta que la deuda pública llegará al 60,3% del PIB durante este año, lo que obliga a la Nación a buscar 167,9 billones de pesos para financiar sus compromisos en 2026 en un contexto donde las tasas de interés siguen al alza.

Según el senador Deluque, esta no es una batalla política sino una cuestión técnica respaldada por expertos. "Esta acción popular responde a una realidad técnica confirmada por expertos y centros de pensamiento económico, no a una postura política. El Gobierno Nacional activó un mecanismo excepcional como la cláusula de escape para apartarse de las metas de gasto en el momento exacto en que el país requiere mayor disciplina y certidumbre", afirmó el congresista.

Lo que pide Deluque es que la justicia le ordene al Ministerio de Hacienda diseñar e implementar un plan técnico que corrija el déficit fiscal y garantice un manejo responsable de la deuda pública. La intención es evitar que las decisiones administrativas del Gobierno terminen causando un daño irreversible a las finanzas de todos los colombianos.

Más allá de los números, el senador insiste en que el verdadero costo será social. "Este no es un debate ideológico entre Gobierno y oposición. Si no se frena el descontrol fiscal actual, las consecuencias de la caída de la inversión pública y privada las asumirán las próximas generaciones con menor acceso a empleo, salud, educación y seguridad", advirtió. Con la presentación formal de la demanda, Deluque pidió al tribunal darle trámite prioritario para proteger los derechos colectivos de los ciudadanos y evitar riesgos macroeconómicos que serían difíciles de reparar después.