La audiencia pública realizada en el Senado de la República dejó en evidencia la gravedad de un problema que aqueja a millones de colombianos. Con la asistencia de representantes de organismos como la FAO, ministerios clave del gobierno nacional y delegados de instituciones especializadas en bienestar social, se debatió el Proyecto de Ley 290 de 2025, iniciativa que pretende convertir en norma legal la reforma constitucional conocida como "Por una Colombia sin Hambre".

La convocatoria fue amplia e incluyó a actores de distintos niveles. Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura hasta la Federación Colombiana de Municipios, pasando por líderes campesinos, académicos y ciudadanos interesados en el tema. El encuentro también contó con la participación de la organización Agrotierria Joven y entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Colombia Compra Eficiente.

Los números que enmarcan esta discusión son preocupantes. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, aproximadamente el 28% de los hogares colombianos enfrenta inseguridad alimentaria. A esto se suma la advertencia del Instituto Nacional de Salud sobre la persistencia de casos de mortalidad infantil vinculados a desnutrición en diferentes regiones del país, un indicador que refleja la urgencia de actuar.

Durante los debates, hubo consenso sobre una realidad innegable: se necesita una política pública integral que aborde de manera estructural el problema del hambre en el territorio nacional. "Este es un paso clave para que una reforma constitucional histórica se convierta en una realidad. El Estado debe garantizar que ningún colombiano padezca hambre", afirmó el senador Deluque.

La jornada sirvió para recopilar aportes técnicos y sugerencias que enriquecerán el trámite legislativo de los proyectos de ley estatutaria acumulados (267, 274, 288 y 290 de 2025), todos enfocados en reglamentar este derecho fundamental. El senador reafirmó su compromiso de continuar empujando una reglamentación efectiva que contribuya a reducir las brechas sociales y asegurar condiciones de vida dignas para todos los colombianos.