La controversia alrededor de la hoja de vida de Juliana Guerrero se reaviva con la aparición de nuevos documentos que evidencian discrepancias en su información académica. Los registros, conocidos recientemente, muestran que cuando aspiraba al cargo de Viceministerio de las Juventudes durante la administración de Gustavo Petro, habría presentado dos versiones diferentes de su currículum ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep.

El Servicio Nacional de Aprendizaje confirmó mediante un derecho de petición que Guerrero cursó en 2018 un título técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras a través de un convenio de articulación con su institución educativa en Agustín Codazzi, Cesar, donde completó el bachillerato. Sin embargo, en uno de los documentos que radicó ante las autoridades, ese mismo programa formativo aparecía reportado como un pregrado de cuatro semestres, supuestamente cursado y completado en el mismo mes y año en que terminó el colegio.

La respuesta oficial del SENA Regional Cesar añade otra capa a la polémica. El programa técnico que realmente cursó Guerrero correspondía a 880 horas de formación, una duración que no coincide con la que figuraba en el documento presentado. Además, llama la atención que tanto el título de bachiller como el del supuesto pregrado aparezcan fechados en noviembre de 2018.

Con el tiempo surgió una tercera versión de la hoja de vida, esta vez reportando un título profesional en Contaduría Pública con diez semestres cursados y grado en julio de 2025. Pero la Fundación Universitaria San José aclaró que Guerrero nunca asistió a clases ni presentó evaluaciones en esa institución para obtener ese reconocimiento. El Ministerio de Educación también certificó que aunque Guerrero estuvo matriculada en varias universidades del país, no concluyó los estudios en ninguna de ellas.

Mientras las investigaciones avanzan y se reprograma la audiencia de imputación, continúa el trámite de una acción judicial que busca revisar su nombramiento como delegada presidencial ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.