Mientras miles de colombianos se preparan para celebrar la Semana Santa, las autoridades ambientales encendieron las alarmas por una práctica que se agudiza cada año en estas fechas: el tráfico ilegal de animales silvestres y la extracción prohibida de palma de cera. El Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) advirtieron que estas actividades delictivas no solo dañan ecosistemas fundamentales, sino que traen consecuencias penales severas para quienes participen.

Los números son preocupantes. Entre 2023 y 2025, las autoridades han documentado más de 13.000 animales silvestres víctimas del tráfico ilegal. Los reptiles lideran esta lista oscura con más de 9.000 individuos capturados, incluyendo tortugas hicoteas, caimanes de anteojos e iguanas verdes, sacados de la naturaleza principalmente para consumo de carne y huevos. Las aves ocupan el segundo lugar con 2.621 casos reportados, especialmente loros, canarios y periquitos destinados al comercio ilegal como mascotas. Los mamíferos completan este panorama desolador con 1.553 registros, entre ellos zarigüeyas, armadillos y monos aulladores.

Lo que muchos no dimensionan es que el maltrato de estos animales no es accidental. Según el Ministerio de Ambiente, el "maltrato animal no es una consecuencia aislada, sino un componente intrínseco del tráfico ilegal, presente en todas sus etapas: captura, transporte, acopio y comercialización". Esto resulta en altas tasas de mortalidad incluso antes de que las autoridades puedan intervenir, y muy pocas criaturas logran rehabilitarse y regresar a su hábitat natural.

Pero el problema no se limita a la fauna. Durante Semana Santa crece dramáticamente la extracción ilegal de palma de cera, el árbol nacional de Colombia declarado símbolo patrio. Esta especie en peligro de extinción juega un papel ecológico crucial como alimento y refugio del loro orejiamarillo. Entre 2023 y 2024, las autoridades incautaron 7.592 unidades de palma de cera en todo el país, todas cortadas ilegalmente para elaborar ramos religiosos.

Las consecuencias legales son contundentes. Quienes corten, vendan o trafiquen palma de cera se exponen a penas de entre 60 y 135 meses de prisión según la Ley de Delitos Ambientales 2111 de 2021. A esto se suman multas adicionales que establecen las CAR en sus jurisdicciones. Es decir, una decisión en Semana Santa puede significar varios años entre rejas.

Las buenas noticias vienen de las campañas de educación ambiental que durante años han trabajado las autoridades. Cada vez es menos común ver ramos de palma de cera en las celebraciones. Además, para este año las corporaciones distribuirán más de 400.000 plantas entre palmas y árboles frutales como alternativa, además de 12.000 ramos artesanales. Yesid González Duque, director de Asocars, hizo un llamado directo: "Recomendamos usar otros elementos en nuestras celebraciones religiosas como pañuelos blancos o plantas autorizadas que donan las CAR". Las corporaciones también intensifican operativos con apoyo de la Policía Nacional para combatir la comercialización ilegal, basándose en denuncias de la ciudadanía.

El mensaje es claro: proteger la vida durante estas fechas no es un asunto opcional, es responsabilidad de todos. Denunciar casos de tráfico o maltrato animal ante las autoridades competentes es una forma concreta de cuidar lo que nos pertenece como nación.