En Acandí, Chocó, viven horas de angustia. Seis pescadores desaparecieron hace cinco días y sus familias no saben nada de ellos. La incertidumbre es grande en las comunidades fronterizas con Panamá, donde cada desaparición genera pánico entre quienes tienen seres queridos trabajando en estas aguas. Líderes comunitarios y parientes de los desaparecidos reclaman que las autoridades colombianas actúen con urgencia.

Lo que sucede en Acandí es solo la punta del iceberg. Detrás de la desaparición de estos seis hombres hay una situación más profunda que preocupa a defensores de derechos humanos: aproximadamente 600 colombianos permanecen detenidos en cárceles panameñas. Según representantes del Consejo Comunitario Negro de Acandí, algunos de estos detenidos llevan entre cuatro y ocho años privados de la libertad sin que sus procesos judiciales avancen de manera significativa.

La situación se agrava cuando se escuchan los testimonios de familiares. Aseguran que varios de estos colombianos detenidos en Panamá han perdido acceso a elementos básicos para vivir: no reciben alimentos con regularidad, carecen de ropa adecuada, ni siquiera tienen colchones en las celdas. Son condiciones que vulneran derechos fundamentales y que nadie debería tolerar.

Como si fuera poco, las comunidades de la zona también denunciaron la incineración de 11 animales que usaban mineros artesanales en la región fronteriza. Este hecho ha generado indignación adicional entre los habitantes del Darién, donde los conflictos y las tensiones ya son constantes.

Ante esta cascada de problemas, líderes sociales han hecho un llamado desesperado a la Cancillería colombiana y a organismos internacionales de derechos humanos. Piden que intervengan para buscar a los pescadores desaparecidos y que verifiquen las denuncias sobre la situación de los ciudadanos colombianos atrapados en las cárceles de Panamá. Es un grito de auxilio desde la frontera que no puede quedar sin respuesta.