Una cifra que duele: en Colombia, cada día desaparecen seis menores en las garras de la explotación sexual. Eso es lo que reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al presentar un estudio sin precedentes que utilizó registros judiciales para medir la magnitud de este delito. Entre 2015 y 2025, fueron documentados 22.697 menores como víctimas. No son números fríos; detrás de cada uno hay una infancia arrebatada.

Lo novedoso de este trabajo es que por primera vez se apoyan en datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General para dimensionar el problema sin revictimizar a los afectados. El ICBF lo calificó como "un avance técnico e institucional de enorme relevancia para el país que es especialmente pertinente porque responde a una necesidad histórica y a lo previsto en el artículo 36 de la Ley 1336 de 2009, que dispuso el desarrollo de investigaciones estadísticas orientadas a aproximar la magnitud del fenómeno, caracterizar a las víctimas, identificar factores de riesgo y aportar información para la toma de decisiones públicas".

La pornografía infantil es la cara más visible de este horror. Concentra más de la mitad de los casos registrados en la última década con 12.074 víctimas. Aquí se ve algo que desgarra: la mayoría son niñas y adolescentes mujeres, con 9.763 casos, mientras que los hombres representan apenas 1.817. La brecha de género es tan marcada como alarmante.

Geográficamente, el problema tiene puntos críticos. Bogotá lidera con 5.609 víctimas, seguida por Antioquia con 4.553. Luego vienen Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca. Estos territorios no solo reportan más casos, sino que enfrentan retos institucionales mayores para combatir el delito. El problema también afecta a poblaciones históricamente invisibilizadas: al menos 148 víctimas fueron identificadas como indígenas y 32 como afrodescendientes, evidenciando que las vulnerabilidades étnicas también cruzan este delito.

Lo interesante es el cambio de método. El DANE busca que estos datos administrativos eviten tener que entrevistar nuevamente a las víctimas, algo que podría causarles más daño emocional. Al mismo tiempo, ofrecen una base más sólida para que los gobiernos y las instituciones tomen decisiones reales. Según la entidad, ahora el desafío no es solo saber cuántos menores sufren este horror, sino convertir esa información en acciones concretas que frenen un delito que sigue afectando, de manera silenciosa pero imparable, a miles de niños y niñas en el país.