La primera vuelta presidencial dejó definido que habrá balotaje el próximo 21 de junio de 2026, pero además de elegir a los dos candidatos que irán a segunda vuelta, los resultados determinaron quiénes pueden acceder a un beneficio económico importante: la reposición de votos. Se trata de un mecanismo mediante el cual el Estado devuelve dinero a las campañas según la cantidad de sufragios válidos que obtuvieron.

Para poder acceder a este beneficio, la Ley 1475 de 2011 establece un requisito claro: los candidatos deben alcanzar al menos el 4 % de los votos válidos. En las elecciones de 2026, ese umbral quedó fijado en aproximadamente 958.947 votos. Quienes no llegaron a esa cifra quedaron automáticamente excluidos del financiamiento estatal por este concepto. El valor definido por cada voto fue de 8.613 pesos, aunque el monto final que recibe cada campaña depende de que los gastos estén debidamente documentados y certificados ante las autoridades electorales.

Entre los candidatos que no alcanzaron el piso exigido se encuentran Claudia López, Santiago Botero, Mauricio Lizano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins y Roy Barreras. Todos registraron votaciones considerablemente por debajo del mínimo requerido, lo que significa que no podrán solicitar esta devolución de recursos.

En cambio, cuatro aspirantes sí superaron el requisito. Abelardo de la Espriella fue el más respaldado en la jornada electoral con más de 10 millones de votos. Iván Cepeda también alcanzó una votación amplia que le permite acceder al beneficio. Paloma Valencia logró más de 1,4 millones de votos, cifra suficiente para cumplir el requisito. Sergio Fajardo, aunque obtuvo una votación menor, también superó el 4 % de los votos válidos.

Sin embargo, superar el umbral no garantiza recibir la totalidad del dinero calculado. El Consejo Nacional Electoral deberá revisar los informes financieros de cada campaña y verificar que los gastos estén debidamente soportados. Por esta razón, el monto definitivo dependerá del cruce entre los votos alcanzados y los gastos certificados durante la auditoría electoral. La ley además establece que ninguna campaña puede recibir más dinero del que realmente invirtió en su contienda.