La Fiscalía General de la Nación puso nombres y apellidos a los responsables intelectuales del magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. En conversación con Blu Radio, Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial de la entidad acusadora, reveló que la Segunda Marquetalia, una disidencia armada, ordenó y ejecutó el asesinato del líder político del Centro Democrático.

Según la investigación, seis altos cabecillas de esta estructura criminal fueron imputados por haber dado la orden directa. Entre ellos está Iván Luciano Marín Márquez, alias 'Iván Márquez', máximo jefe de la Segunda Marquetalia. También figuran José Aldinever Sierra Sabogal, conocido como 'Zarco Aldinever'; Gener García Molina, identificado como 'Jhon 40'; Alberto Cruz Lobo, alias 'Enrique Marulanda'; Jhon Jairo Arias Bedoya, conocido como 'Rumba', y Diógenes Medina Hernández, con los alias de 'Gonzalo' o 'Chalo'.

El crimen no fue improvisado. La coordinación estuvo en manos de Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', quien lideraba el grupo delincuencial que ejecutó el atentado. Según la Fiscalía, incluso habían intentado matar a Uribe semanas antes en la localidad de Bosa, pero fallas logísticas frustraron el primer intento.

Lo que resulta inusual en este caso es que para ejecutar el plan criminal, el grupo había contratado inicialmente a un menor de edad venezolano, apodado 'El Churco', quien operaba en la localidad de Engativá. El muchacho, sin embargo, decidió investigar en internet quién era Miguel Uribe Turbay. Al descubrir la envergadura de la personalidad política de su objetivo y comprender que probablemente sería asesinado por sus propios patrones después de cumplir la misión, el joven sicario desistió y huyó hacia Ecuador.

Ante esta deserción inesperada, la red criminal tuvo que actuar rápidamente. Alias 'Chipi', quien fungía como el principal operador logístico del magnicidio en Bogotá, recibió la orden de encontrar un reemplazo. El elegido fue alias 'Tianz', un menor de apenas 14 años, quien terminó siendo quien accionó el arma contra el congresista durante el evento en el que fue asesinado.

Lo más preocupante para las autoridades es que los avances en la investigación han puesto en riesgo a quienes trabajan el caso. Jaramillo confirmó que los fiscales asignados al magnicidio y sus familias han recibido graves amenazas de muerte. Esto ha obligado a reforzar urgentemente los esquemas de seguridad de los investigadores, evidenciando que detrás de este crimen hay fuerzas que aún intentan obstaculizar la justicia.