Las empresas de seguridad privada en Colombia están en alerta. Desde que el gobierno permitió que la Unidad Nacional de Protección (UNP) contratara directamente a desmovilizados y miembros de colectivos indígenas como escoltas, el panorama para las compañías formales se ha oscurecido considerablemente. Según lo abordado en la sección Los secretos de Darcy Quinn en La FM, actualmente solo un poco más del 50% de los servicios de protección que brinda la UNP provienen de empresas de seguridad privada legalmente constituidas.

El cambio normativo llegó con los decretos 019, 0019 y 0020 de 2026, que abrieron la puerta a esta contratación directa. Ahora la UNP emplea personal entre 18 y 28 años, proveniente de procesos de desmovilización, para labores de escolta. Lo que inquieta al sector es que este personal entra sin pasar por los filtros rigurosos que exigen las empresas privadas: "sin experiencia y no importa si tienen antecedentes", según la información compartida en la entrevista.

Los protegidos por la UNP, en muchos casos, desconocen completamente quién los está cuidando. Quienes sí lo saben suelen aceptarlo por falta de opciones: "es eso o nada de protección", como se señaló durante la conversación. Esta situación genera una tensión latente entre funcionarios públicos y el sistema de seguridad que supuestamente debería tranquilizarlos.

Mientras tanto, las empresas de vigilancia privada enfrentan presiones económicas crecientes. Los recargos nocturnos, los pagos en festivos y el aumento del salario mínimo han impactado su sostenibilidad, obligando a varias a retirarse de sectores donde antes operaban. "Sienten que les quedan cada vez menos espacios", según lo planteado en la entrevista.

Lo más delicado es la percepción que existe en el gremio. Las empresas interpretan estas medidas como una persecución estatal deliberada: "sienten que el Estado está persiguiendo a muchas empresas buscando el quiebre". La entrevista sugiere que el objetivo sería trasladar la seguridad hacia "miembros de grupos ilegales o exmiembros de grupos armados ilegales", lo que en la práctica significaría que personas sin capacitación formal y con posibles antecedentes penales asumirían funciones de protección del Estado.

La preocupación trasciende nuestras fronteras. Se mencionó que en otros países sucedió algo parecido, cuando contrataciones similares terminaron formando "ejércitos privados" que prestaban servicios de "seguridad paramilitar" al Estado. La advertencia es clara: "que no nos vaya a pasar eso".