El 24 de junio pasado, Abelardo de la Espriella fue proclamado presidente electo de Colombia con el 49,66 por ciento de los votos en segunda vuelta. Asumirá el cargo el 7 de agosto para gobernar entre 2026 y 2030. Aunque el margen fue ajustado, conviene observar con cuidado que buena parte de esos votos provino de territorios donde históricamente han operado estructuras criminales y máquinas electorales que cuestionan el ejercicio libre del sufragio. Que De la Espriella se impusiera en esas circunstancias tiene algo de extraordinario, y se plantea con una legitimidad que los observadores electorales reconocieron.

Pero la legitimidad no basta. Según el análisis presentado por el columnista de Infobea, Puerto Rojas, lo urgente es empezar a trabajar. El primer paso debe ser restaurar la seguridad y la autoridad estatal. Colombia resiente el crecimiento casi del 45 por ciento de los grupos armados desde 2022, según reportes de Razón Pública. El Estado debe recuperar los territorios que perdió, enfrentar sin titubeos a las estructuras criminales y devolver a la fuerza pública el apoyo que mermó, reestableciendo dónde manda la autoridad legítima y no la del crimen. La designación del general (r) Jorge Mora en la cartera de Defensa durante el empalme sugiere que se avanza en esa dirección.

Inseparable de la seguridad está derrotar el narcotráfico, que financia la violencia. Con 261.000 hectáreas de coca y cerca de 3.000 toneladas de cocaína producidas en 2024, la erradicación voluntaria mostró ser insuficiente. Volver a la aspersión, dentro de lo que la ley permite y con los controles que ha exigido la Corte Constitucional, es una herramienta que no puede seguir rechazándose por razones ideológicas. Es necesario atacar simultáneamente el cultivo, la producción y el lavado de dinero del crimen organizado.

Una vez recuperado el orden, toca encender nuevamente la economía por la vía minero-energética. La decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas desde 2022 derrumbó la inversión sectorial, que cayó aproximadamente 42 por ciento entre ese año y 2025, según datos de La República. Los ingresos petroleros pasaron de 41,7 billones a 21,7 billones. Reactivar este sector con responsabilidad, pero con una transición ambiental ordenada y financiada, sin renuncias abruptas, es clave para que el petróleo y el gas ayuden a financiar las energías limpias del mañana.

Para que eso funcione, hay que recuperar la inversión y la confianza. La inseguridad jurídica ahuyentó capital hacia países vecinos. Restablecer reglas claras, respetar los contratos y construir un Estado que sea aliado del crecimiento, no un obstáculo, son las mejores políticas de inversión extranjera. Menos trámites, más formalización y crédito para pequeños y medianos empresarios. El Estado no genera riqueza, pero sí puede quitar los obstáculos de quienes sí la crean.

Ese crecimiento debe llegar más allá del centro del país. Cerrar la brecha regional requiere infraestructura que conecte territorios olvidados con vías terciarias, distritos de riego, acueductos y energía. También una apuesta seria por el sector agrario: financiar al campesino, garantizar seguridad en la propiedad de la tierra, modernizar la producción y facilitar que los productos lleguen a los mercados. Regiones conectadas y un campo próspero generan empleo y arraigo, y eso debilita la coca y la violencia que crecen donde el Estado es ausente.

Para que todo lo anterior sea posible, hay que reestructurar el Estado sin destruir lo que funciona. Reformar no es demoler. La salud necesita ajustes, pero liquidar las EPS, como se intentó tiempo atrás, dejaría millones de personas sin protección en salud. Lo sensato es corregir defectos, sanear recursos y aumentar la vigilancia. Esa misma lógica de precisión debe guiar la austeridad. Con la calificación rebajada a BB por Fitch en 2025, no hay margen para desperdiciar dinero. Fusionar entidades redundantes y reducir la burocracia libera recursos para todo lo demás.

Los primeros pasos del nuevo gobierno abren camino en esa dirección. El llamado empalme anticorrupción, con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo al frente, revisa cómo quedarán las finanzas públicas. Y los nombramientos de Miguel Gómez Martínez en Hacienda y Rodrigo Lara en el Interior son señales de que se van en serio. Nada de esto será fácil ni sucederá rápido. Se hereda un país con cuentas tensionadas y seguridad golpeada. Pero las grandes reconstrucciones siempre han empezado por decisiones firmes y la convicción de que el esfuerzo merece la pena. Si el gobierno acerca correctamente en estas necesidades, será un buen gobierno, y Colombia podrá volver a ser un país más grande, seguro y próspero. El trabajo empieza ahora.