En medio de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial de junio, el gobierno impulsa un segundo aumento al salario mínimo durante 2026, una decisión que expertos en economía advierten podría disparar inflación, empujar más trabajadores hacia la informalidad y generar conflictos jurídicos complejos.

El salario mínimo actual de $1.750.905 más auxilio de transporte de $249.095 (aproximadamente $2 millones mensuales) está vigente mediante un decreto transitorio después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el Decreto 1469 de 2025. Un nuevo incremento, potencialmente entre 23% y 51% según lo que académicos de izquierda como Ossa han sugerido, llegaría en un momento donde la inflación anual está en 5,56% a marzo de 2026 y la informalidad laboral supera el 55,7%.

Los números del mercado laboral revelan la realidad del país: de una población ocupada de 24,22 millones de personas, solo 2,24 millones (el 9,25%) perciben exactamente el salario mínimo legal vigente. Esto significa que por cada trabajador formal hay mínimo seis en la informalidad, ganando menos de lo establecido por ley. Un alza desproporcionada del mínimo sin aumentos de productividad empujaría aún más gente hacia empleos sin protección social.

Económicamente, el Banco de la República estima que este segundo incremento aceleraría la inflación entre 1 y 2 puntos porcentuales adicionales, elevándola potencialmente entre 7% y 10%. Para controlarla, la entidad tendría que subir las tasas de interés hasta 200 puntos básicos, encareciendo los créditos y reduciendo la competitividad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. La informalidad se dispararía aún más, junto con un alza en el desempleo de 1 a 2 puntos porcentuales, al desincentivar la contratación formal de trabajadores sin calificación especializada.

El impacto en el erario público sería severo: entre $5 a $9 billones anuales en costos adicionales de subsidios, pensiones indexadas y gastos públicos, agravando el déficit fiscal en un contexto donde ya hay discusiones sobre una emergencia económica. Estudios como los de Fedesarollo advierten sobre una espiral de precios y salarios que terminaría erosionando el poder adquisitivo y ampliando la pobreza.

Jurídicamente, la propuesta choca con la Ley 278 de 1996, que obliga a una concertación anual entre gobierno, sindicatos y empresarios considerando inflación pasada, productividad y efectos en empleo. El decreto unilateral de diciembre 2025 que determinó un alza del 23% ya enfrenta 16 demandas por problemas de procedimiento y falta de sustento técnico. Un nuevo ajuste enfrentaría nulidad inmediata por precedentes similares en 2017 y 2026, generando inseguridad jurídica para las empresas y órdenes judiciales para ajustes en plazos tan cortos como 8 días, todo dentro de un calendario electoral que amplifica los conflictos.

En el fondo, analistas señalan que incrementos por encima de lo que la productividad permite generan quiebras en pequeñas empresas, menor inversión y mayor carga fiscal, sin resolver el verdadero problema: la trampa de la informalidad que atrapa a más del 55% de los ocupados. Una medida preelectoral de esta magnitud, advierten, priorizaría réditos políticos sobre la estabilidad económica sostenible que necesita el país.