Segovia no necesita palabras bonitas ni discursos que se pierden en el viento. Lo que necesita es que alguien se siente a contar la realidad sin filtros de lo que ha pasado en los últimos años con la minería en el Nordeste antioqueño.

Este municipio tiene una historia minera de décadas. Durante muchos años operó la Frontino Gold Mines, una de las empresas más importantes de la región, hasta que entró en liquidación obligatoria en 2004. Lo que sucedió después, en 2010, fue crucial: la compraventa con Gran Colombia Gold salvó miles de empleos en Segovia y Remedios, además de resolver una deuda pensional que venía arrastrándose desde hacía años. Sin ese negocio jurídico, la región simplemente no sería lo que es hoy. Solo en 2025, Segovia produjo 227.762 onzas de oro, y para 2026 se proyecta una producción entre 265.000 y 300.000 onzas, un crecimiento cercano al 36%. La minería aquí beneficia a más de 12.000 familias formalizadas.

El departamento de Antioquia cuenta con 1.536 títulos mineros, lo que equivale al 16% del total nacional, y produce aproximadamente el 43% del oro de Colombia. En la subregión minera existen 287 títulos activos, con 126 en Remedios y 31 en Segovia y Amalfi respectivamente. De los más de 244.000 empleos mineros que hay en el país, aproximadamente 66.000 están en Antioquia, representando el 28,5% del empleo minero nacional.

Pero aquí viene lo que duele. Durante este gobierno se han perdido más de 27.000 empleos mineros entre operarios, mecánicos, transportadores y personal administrativo. La inversión minera cayó 14% en 2025. Mientras tanto, lo único que ha crecido es la minería ilegal, con un incremento cercano al 75%. En 2022, el gobierno firma un acuerdo de siete puntos con comunidades mineras que incluía compromisos sobre formalización y una reforma concertada al Código Minero. Hoy, más de 3.000 unidades de producción minera querían formalizarse, pero apenas unas pocas han logrado avanzar efectivamente. En cambio, lo que sí hizo el gobierno fue aumentar la carga tributaria: elevó la retención en la fuente para la compra de oro del 1% al 2,5%, golpeando especialmente a la pequeña minería formal.

Paradójicamente, mientras se asfixia al minero legal, el propio Ministerio de Minas reconoce que la minería sin título podría estar generando más de 50.000 empleos informales. El gobierno también retiró a la Gobernación de Antioquia la delegación minera, centralizando nuevamente las competencias de titulación, control y vigilancia. Todos los operativos de destrucción de maquinaria responden a órdenes directas del Gobierno nacional.

En Segovia, la gente necesita empleos que paguen las cuentas, colegios que funcionen bien, vías en buen estado. Eso es desarrollo real. Lo demás, por mucho que se grite o se reclame, no llena las ollas de las familias que dependen de la minería formalizada. Los números están ahí. Los hechos son claros.