Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, no se guardó nada en su intervención ante La FM. Para él, la decisión del Gobierno Nacional de levantar órdenes de captura contra cabecillas criminales es un golpe bajo a la seguridad de la ciudad. El funcionario fue claro en su posición: "el gobierno toma la decisión de una vez más ponerse al lado de los bandidos".

La molestia del secretario tiene raíces profundas. Recordó un episodio que le dejó un sabor amargo: cuando desde la administración nacional sacaron a estos delincuentes de la cárcel de Itagüí para un acto público, incluso en ese evento les permitieron lanzar mensajes contra la administración local de Medellín. Villa Mejía mencionó que tanto él como el alcalde Federico Gutiérrez han recibido amenazas de estas organizaciones, pero aseguró que de todas formas continuarán enfrentándolas.

Lo que más preocupa al secretario es que estos cabecillas nunca han soltado el poder en sus territorios. Según su análisis, tienen todo el control sobre sus estructuras criminales y la suspensión de las órdenes de captura simplemente refuerza esa posición. Señaló que en el Valle de Aburrá operan cerca del 45 por ciento de los grupos de delincuencia organizada del país, y que líderes como alias Douglas, alias Pesebre, alias Tom y alias el Montañero, incluso desde la cárcel de Itagüí, mantienen injerencia directa en esas operaciones ilegales. Algunos ya están en libertad y "siguen delinquiendo", según información de las autoridades locales.

Para Villa Mejía, la medida envía un mensaje equivocado a las bandas: que el Gobierno está cumpliendo todos los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo. Cuestionó el sustento legal de estas negociaciones, que llevan más de tres años, y fue tajante al decir que los acuerdos no corresponden a hechos de paz sino a "hechos criminales y políticos". Los cabecillas mencionados son históricos en la criminalidad: condenados por homicidio, extorsión, secuestro y lavado de dinero, con más de 362 años de prisión acumulados. Uno de ellos ya salió a potenciar su estructura gracias a los beneficios del proceso de diálogo.

El secretario fue contundente en su conclusión: esta medida no debilita el poder criminal sino que lo refuerza y lo empodera. Al permitirles actuar sin persecución judicial durante seis meses, les da tranquilidad para mantener el control en los territorios. A pesar de esta decisión del Gobierno Nacional, Villa Mejía reiteró que desde Medellín seguirán combatiendo estas estructuras con todas las acciones institucionales disponibles y coordinación con otras autoridades.