El secretario de la Cámara Jaime Luis Lacouture salió del silencio apenas horas después de que la justicia ordenara soltar a Luis Alfredo Acuña, su escolta de la Unidad Nacional de Protección, quien había sido capturado en carreteras de La Guajira el lunes anterior. El motivo de la detención había levantado polvareda: el vehículo en el que viajaba el uniformado cargaba 145 millones de pesos en efectivo y material publicitario de un candidato al Senado, todo a pocos días de las elecciones legislativas.

A través de un comunicado, Lacouture fue contundente al desvincularse de los hechos. Señaló que "no me movilizaba en dicho vehículo, ni participé de los hechos ya conocidos". El secretario rechazó las acusaciones que contra él se hicieron relacionadas con presuntos delitos electorales, argumentando que eran infundadas. Además, destacó que un juez de la República había "declaró ilegal la captura" de su escolta y ordenó devolver el dinero incautado. Según Lacouture, "queda desvirtuada cualquier insinuación, afirmación e información hacía mí, y lo ocurrido debe ser investigado y aclarado por posibles irregularidades en el proceder, especialmente por el comando de la Policía de La Guajira y de personas de la política con fines electorales".

El abogado del escolta, Iván Cancino, fue más allá en su defensa. En entrevista con Caracol Radio aseguró que "Se violaron las garantías de mi cliente al capturarlo y tenerlo 33 horas casi privado de la libertad sin someterlo a un juez. Era imposible hablar de captura en flagrancia porque ni tener publicidad ni tener plata en efectivo es delito en Colombia". Para Cancino, la carga de la prueba recae en las autoridades: "No se nos olvide que quien tiene que probar la ilicitud del dinero es la autoridad, la Policía y la Fiscalía; mi cliente no tiene por qué en este momento dar ninguna explicación sobre ese dinero".

El caso generó inquietud porque el dinero fue hallado distribuido en siete sobres de manila con nombres específicos de municipios y corregimientos de La Guajira. Además, el vehículo llevaba publicidad del candidato al Senado Daniel Restrepo, representante a la Cámara por Antioquia. El director de la Policía, general William Rincón, había señalado que esta estructura sugería una "posible estructura para la comisión de delitos electorales". Los sobres habrían incluido referencias a varios dirigentes locales como concejales de Riohacha, funcionarios municipales y líderes políticos de la región.

La situación se complica considerando que La Guajira enfrenta preocupaciones electorales reales. Seis de los quince municipios del departamento presentaban algún tipo de riesgo electoral para esos comicios. La Veeduría Nacional del Partido Conservador expresó su "rechazo categórico y absoluto" frente a cualquier conducta que constituya delito electoral, comprometiéndose a colaborar en las investigaciones. El presidente Gustavo Petro, por su parte, fue enfático: "La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo", manifestó, ordenando a la Policía capturar a los compradores de votos.

Por su parte, la Unidad Nacional de Protección abrió una investigación interna para determinar por qué el escolta se encontraba en La Guajira cuando su protegido reside en Bogotá, y cuáles eran las razones para transportar tanto dinero como material de campaña electoral.