Cuatro de las principales ciudades del país enviaron un mensaje conjunto al magisterio colombiano: sí a la protesta, pero sin cerrar las puertas de las aulas. Las secretarías de Educación de Antioquia, Medellín, Bogotá y Bucaramanga redactaron una carta abierta en la que piden que durante las movilizaciones se garantice la continuidad del servicio educativo para los estudiantes.

El pronunciamiento deja claro que respeta el derecho a la protesta, pero señala que suspender clases o cerrar instituciones afecta directamente los procesos formativos. Para estas autoridades, el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo es un derecho fundamental que no puede verse comprometido.

Mónica Ospina Londoño, Secretaria de Educación de Antioquia, fue enfática al señalar que "el deber principal de las entidades territoriales es asegurar una educación oportuna y de calidad, junto con el bienestar de los estudiantes". Con esta idea en mente, hizo un llamado a que las movilizaciones se desarrollen sin afectar la continuidad de los procesos pedagógicos.

Desde la administración capitalina, Julia Rubiano de la Cruz, Secretaria de Educación de Bogotá, junto con Martha Cecilia Guarín Lizcano de Bucaramanga y Carolina Franco Giraldo de Medellín, coincidieron en la necesidad de encontrar un equilibrio entre estos dos derechos.

Aunque la carta respeta las preocupaciones del magisterio sobre la implementación del modelo de salud, especialmente en temas de atención oportuna, acceso a medicamentos y continuidad de tratamientos, las secretarías las califican como legítimas y se comprometen a seguir gestionando soluciones ante las instancias correspondientes. El mensaje final es claro: van a trabajar por mejorar las condiciones de atención del magisterio, pero sin que eso signifique que los estudiantes dejen de ir a clase.