El camino hacia un posible acuerdo entre la Fiscalía y los acusados de matar a Jaime Esteban Moreno quedó cerrado este miércoles. La entidad acusadora formalizó la imputación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por homicidio doloso agravado, lo que significa que el caso entra ahora en una etapa más adversarial donde lo más probable es que todo termine en juicio.

Los hechos que sustentaron la decisión de la Fiscalía son crudos. Según la investigación, Suárez Ortiz interceptó y atacó primero al joven estudiante cuando salía de un establecimiento comercial en la localidad de Barrios Unidos la noche del 31 de octubre del año pasado. Jaime Esteban logró escapar e intentó alejarse buscando transporte, pero los agresores lo persiguieron. Metros más adelante, González Castro le propinó una patada por la espalda que lo derribó. Una vez caído e indefenso en el piso, Suárez Ortiz continuó golpeándolo sin compasión. Con politraumatismos en cara, cráneo y tórax, el joven fue llevado a un hospital donde murió horas después.

La fiscal delegada fue clara en la audiencia: "Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro eran conscientes de que existía un acuerdo voluntario en medio del cual ambos desplegaron acciones idóneas para causar la muerte de Juan Esteban al propinarle múltiples golpes dirigidos en su mayoría a una zona vital del cuerpo como es la cabeza y a pesar de esa conciencia quisieron hacerlo".

Pero lo que pudo haber sido un desenlace diferente se esfumó. En audiencias anteriores, los abogados defensores habían explorado la posibilidad de un preacuerdo con la Fiscalía. La idea era que los acusados aceptaran culpabilidad por homicidio preterintencional en lugar de doloso, lo que habría permitido aplicar circunstancias de menor culpabilidad. Según Francisco Bernate, abogado que representa a la familia de Jaime Esteban, la defensa pretendía que se les reconociera como cómplices en lugar de coautores, lo que hubiera significado una reducción del 50 por ciento de la pena. En lugar de los 400 a 600 meses de prisión contemplados para el homicidio agravado, habrían cumplido alrededor de 200 meses.

Sin embargo, la Fiscalía decidió no esperar más. La acusación formal se radicó manteniendo la calificación de homicidio doloso agravado, con todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. Bernate explicó que en la audiencia de ayer, los procesados manifestaron que querían aceptar el delito de homicidio preterintencional, pero como fueron acusados por otro delito, el trámite continuó adelante. Con esto cerró la puerta a cualquier negociación. "No hay chance de llegar a un acuerdo, entonces el asunto pasa a juicio", comentó el abogado.

Desde la representación de las víctimas, aunque no se oponen a la figura del preacuerdo, habían planteado una condición que finalmente no fue relevante: que fuera el juez quien definiera la sanción. Ahora el camino es otro. El 17 de marzo se realizará la audiencia preparatoria y el caso entrará en el escenario donde tendrá que resolverse ante un juez de conocimiento.