Viernes de tribunal sin sorpresas judiciales. Todo estaba dispuesto en los juzgados: la Fiscalía lista, las citaciones en mano y una audiencia que prometía generar nuevos titulares sobre uno de los escándalos que más ha agitado la política nacional en recientes meses. Pero Juliana Guerrero no llegó. Su ausencia frenó la marcha de una diligencia que debía formalizar cargos en su contra por la obtención irregular de títulos profesionales que utilizó para buscar el cargo de viceministra de Juventudes. El juez no tuvo más opción que aplazar todo para el próximo 10 de marzo. Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación San José, también estaba citado pero se presentó sin representación legal.

Lo que la Fiscalía prepara es contundente. Planea imputar a Guerrero por fraude procesal y falsedad en documento público. Los títulos en cuestión son los de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, documentos que ella exhibió como credenciales para su hoja de vida en el proceso de selección para viceministra. El problema, según la investigación, es que nunca asistió a clases ni presentó las pruebas Saber Pro que son obligatorias para graduar. Sin embargo, los registros oficiales muestran que sí se graduó.

La fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera fue clara al respecto. "La investigación estableció que Guerrero no asistió a sus clases ni presentó las pruebas Saber Pro, al menos hasta donde se acreditó durante el proceso", manifestó. Los títulos fueron expedidos el primero de julio pero publicados en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público en agosto de 2025, sin que cumplieran con los requisitos legales.

Este caso explotó públicamente cuando la representante a la Cámara Jennifer Pedraza decidió revelar detalles de las irregularidades y comenzó a documentar cada paso. Desde entonces ha acompañado de cerca el proceso y ha sacado a la luz pruebas de lo que ella afirma son pagos anómalos. Entre esos soportes figuran facturas de la DIAN que muestran consignaciones cercanas a ocho millones de pesos hacia la Universidad San José. Lo curioso, según Pedraza, es que esos dineros llegaron casi un mes después de la supuesta graduación, directamente a las cuentas oficiales de la institución.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa verificando estos hechos e indagando si existen otros casos similares. El próximo 10 de marzo el proceso vuelve a los juzgados, esta vez con la esperanza de que la audiencia realmente se realice.