La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia vio aprobada una iniciativa legislativa que promete ser un respiro para el gremio artístico del país. Rafael Enrique Manjarrez Mendoza, compositor vallenato y presidente de SAYCO, dio la noticia durante la Asamblea General de la Confederación Internacional de Sociedades de Gestión Colectiva, donde participaba como vicepresidente del Comité Latinoamericano y del Caribe. Junto al gerente general de SAYCO, César Ahumada, expresó su satisfacción por la aprobación del Proyecto de Ley 373 de 2025 en el Congreso de la República.

Esta ley llega con la promesa de reconocer, promover y fortalecer todo el ecosistema musical colombiano, además de reforzar la protección de derechos de autor, un tema que lleva años generando preocupación entre compositores e intérpretes. "Es de gran orgullo la evolución que hemos tenido como país y como sociedad en aras de la preservación de los derechos y las oportunidades de los artistas", expresó Manjarrez durante el evento internacional.

Lo más importante de esta nueva legislación está en el artículo 21, denominado 'Gestión fraudulenta', que establece medidas concretas contra una práctica que ha afectado a muchos músicos colombianos. Se trata de personas y empresas que, sin tener autorización legal ni representar a los titulares de derechos, autorizan la comunicación pública de obras musicales y cobran dinero por ello. Manjarrez se refirió a estos como 'recaudadores impropios'.

El problema que busca resolver la ley es bien conocido en el mundo artístico nacional. Estos recaudadores operan bajo la figura de una gestión individual supuestamente autorizada, cobran a empresarios y usuarios de música sin tener ninguna representación legal de los autores y compositores, y al final se quedan con dineros que deberían llegar a los verdaderos creadores. "Permitirá meter en cintura a quienes calificó como 'recaudadores impropios'", explicó el presidente de SAYCO sobre el alcance de esta medida.

Con esta normativa, el Gobierno nacional busca garantizar mayor protección a los creadores musicales colombianos y brindar seguridad jurídica a quienes hacen uso legal de las obras. Es un paso que muchos en la industria musical llevaban tiempo reclamando, pues afecta directamente los ingresos de compositores, intérpretes y sus familias.