En Santa Marta vuelve a encenderse la polémica entre dos funcionarias. Sarita Vives, secretaria de Movilidad de la ciudad, publicó en la red social X unas fotografías que muestran a María José Navarro, superintendente de la Economía Solidaria, sobre una tarima en un evento político realizado el 8 de mayo pasado. El encuentro fue un acto de apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, donde se reunieron líderes y militantes del Pacto Histórico y otras fuerzas progresistas.

Lo que llamó la atención de Vives no fue simplemente que Navarro estuviera allí, sino lo que eso representa en términos de coherencia institucional. Según la secretaria, existe una contradicción evidente en el actuar de la superintendente. En su publicación, Vives señaló de manera directa: "resulta llamativo que mientras impulsa investigaciones infundadas por participación en política, usted misma aparezca participando de manera directa en una actividad proselitista de Iván Cepeda y Aida Quilcué el pasado 8 de mayo en Santa Marta".

El cuestionamiento de Vives toca un punto sensible sobre la aplicación de las normas en la administración pública. Si la Superintendencia de la Economía Solidaria está investigando a otros servidores públicos por su participación en eventos políticos, la pregunta que surge naturalmente es si esas mismas reglas deberían aplicar para todos por igual, incluyendo para quienes las impulsan.

Por su parte, María José Navarro aún no ha respondido públicamente a los señalamientos hechos por la secretaria de Movilidad de Santa Marta. El silencio de la funcionaria nacional mantiene abierto el debate sobre este tema que toca aspectos de coherencia institucional y aplicación equitativa de la ley.