En el Congreso de la República, la Alcaldía de Santa Marta se hizo escuchar en una audiencia clave. La Secretaría de la Mujer, representada por Ingrid Gómez Ceballos, presentó tres proposiciones para mejorar el Proyecto de Ley 315 de 2025, que pretende crear una Comisión Nacional de Investigación dedicada a esclarecer la verdad y reparar de forma integral a las víctimas de abuso sexual en contextos clericales y religiosos. La buena noticia: las tres fueron aceptadas y quedarán incorporadas al proyecto en la Cámara de Representantes.

La primera proposición es bien concreta: establece rutas de atención especializadas e independientes, sin que las instituciones religiosas tengan injerencia alguna en el manejo de los casos. Esto es fundamental porque muchas víctimas enfrentan una realidad paradójica: deben denunciar ante la misma institución que protege a su agresor. La segunda busca que la ley proteja explícitamente a las mujeres adultas, no solo a menores de edad como estaba previsto originalmente. La tercera define como principio central que en cada protocolo y decisión, la víctima y sus derechos deben ser la prioridad absoluta, algo que históricamente ha cedido ante la necesidad de proteger la imagen de las instituciones.

Durante su intervención, Gómez Ceballos fue directo al punto. "Vengo de una ciudad donde la fe está en el centro de la vida comunitaria, y precisamente por eso sé que en muchos casos esa fe es usada como instrumento de abuso. He visto llegar a nuestra secretaría a mujeres rotas, avergonzadas, que tardaron años en atreverse a hablar porque nadie les creyó. Este Proyecto de Ley es la oportunidad de que el Estado las ponga en primer lugar y no a la institución, no a la imagen, no al cargo: a ellas. Las víctimas merecen verdad, merecen justicia, merecen reparación. Y Santa Marta llegó al Congreso a decirlo con nombre propio", expresó la secretaria.

Este logro legislativo no nació del aire. Tiene raíces en el trabajo real que vienen haciendo en Santa Marta. El 3 de abril de 2024, catorce mujeres llegaron a la Secretaría de la Mujer denunciando al mismo agresor: un pastor de una iglesia cristiana con presencia reconocida en la ciudad. Según sus testimonios, el religioso había ejercido durante años conductas de manipulación emocional, coerción psicológica y control sobre sus vidas, usando su autoridad y la doctrina religiosa como mecanismos de sometimiento. El daño fue profundo: afectó sus familias, sus trabajos, su credibilidad social y su salud mental. Apenas llegaron, recibieron atención con orientación jurídica y psicosocial.

Las cifras que Gómez Ceballos presentó en el Congreso ponen en perspectiva por qué esta ley es urgente. Para 2023, alrededor de 585 sacerdotes habían sido denunciados en Colombia por abuso sexual, con el 94 por ciento de los casos en los últimos 20 años. Pero aquí viene lo preocupante: solo 51 fueron condenados (9 en el exterior), dieciséis fueron absueltos en su mayoría por tecnicismos o falta de representación jurídica, y 160 de los sacerdotes denunciados siguen ejerciendo activamente. Mientras tanto, la Fiscalía apenas tenía 45 procesos abiertos frente a casi 600 denuncias.

Con esta intervención en el Congreso, Santa Marta se posiciona como una voz territorial que está logrando incidir directamente en la construcción de lo que sería la primera ley en Colombia creando una comisión nacional para el esclarecimiento de la verdad y reparación integral a víctimas de abuso sexual en contextos religiosos. No es poco.