Santa Marta logra incluir tres propuestas clave en ley contra abuso sexual clerical

La Alcaldía de Santa Marta consiguió que tres de sus iniciativas fueran aceptadas en el Proyecto de Ley 315 de 2025, que busca investigar y reparar a víctimas de abuso sexual en contextos religiosos. Las propuestas incluyen rutas de atención independientes de instituciones religiosas, protección explícita para mujeres adultas y priorización de sus derechos. El proyecto también contempla crear una comisión nacional para esclarecer estos delitos, respondiendo a cifras que muestran baja judicialización de estos casos en Colombia.
La Alcaldía de Santa Marta logró un reconocimiento importante en el Congreso de la República al conseguir que tres propuestas suyas fueran incorporadas en el Proyecto de Ley 315 de 2025. Esta iniciativa tiene como objetivo investigar los casos de abuso sexual ocurridos en contextos religiosos y garantizar reparación integral para las víctimas.
Durante una audiencia realizada en el Congreso, la secretaria de la Mujer de la Alcaldía, Íngrid Gómez Ceballos, presentó las tres medidas que surgieron del trabajo directo con víctimas en Santa Marta. Las propuestas apuntan a crear rutas de atención que funcionen de manera independiente de las instituciones religiosas involucradas, garantizar que las mujeres adultas sean reconocidas explícitamente como víctimas y establecer que sus derechos sean priorizados en todo el proceso de investigación y reparación.
El proyecto de ley busca ir más allá de casos puntuales al crear una comisión nacional que se dedique a esclarecer estos delitos. Esta medida cobra especial importancia considerando que en el país existe una baja judicialización de este tipo de casos, lo que ha dejado a muchas víctimas sin acceso a justicia ni reparación.
Con este avance, Santa Marta se posiciona como una ciudad que está aportando desde lo local a la construcción de una legislación pionera en Colombia sobre abuso sexual en entornos clericales. Las iniciativas de la ciudad reflejan una apuesta por proteger de manera efectiva a las víctimas y crear mecanismos que eviten que las instituciones religiosas obstaculicen los procesos de investigación.
Fuente original: El Informador