En el Congreso de la República se acaba de aprobar un paso importante para las víctimas de abuso sexual en contextos religiosos. La Alcaldía de Santa Marta logró que tres proposiciones suyas quedaran incorporadas en el Proyecto de Ley 315 de 2025, una iniciativa que busca crear una Comisión Nacional de Investigación para investigar estos delitos y reparar integralmente a quienes los han sufrido.

Durante una audiencia pública en el Salón de Sesiones del Congreso, Íngrid Gómez Ceballos, secretaria de la Mujer de la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello, presentó argumentos basados en la experiencia real que viven las víctimas en Santa Marta. Su intervención fue decisiva y las tres proposiciones fueron aceptadas sin objeciones.

La primera proposición establece que la atención a las víctimas debe ser completamente independiente, sin que las instituciones religiosas puedan intervenir en estos casos. Esto es fundamental porque muchas víctimas enfrentan la paradoja de tener que denunciar ante la misma institución que protege a su agresor. La segunda proposición amplia la protección para incluir explícitamente a las mujeres adultas, reconociendo que no solo los menores de edad son víctimas de abuso clerical. La tercera define como principio rector que toda decisión debe priorizar a la víctima y sus derechos, no la imagen o reputación de la institución religiosa.

"Vengo de una ciudad donde la fe está en el centro de la vida comunitaria, y precisamente por eso sé que en muchos casos esa fe es usada como instrumento de abuso. He visto llegar a nuestra secretaría a mujeres rotas, avergonzadas, que tardaron años en atreverse a hablar porque nadie les creyó. Este Proyecto de Ley es la oportunidad de que el Estado las ponga en primer lugar y no a la institución, no a la imagen, no al cargo: a ellas. Las víctimas merecen verdad, merecen justicia, merecen reparación. Y Santa Marta llegó al Congreso a decirlo con nombre propio", expresó Gómez Ceballos.

Este logro no surgió de ideas abstractas. Responde a casos concretos atendidos por la Secretaría de la Mujer. El 3 de abril de 2024, catorce mujeres llegaron a denunciar a un mismo pastor de una iglesia cristiana de la ciudad. Ellas reportaron haber sufrido manipulación emocional, coerción psicológica y control sistemático, utilizando su posición de autoridad religiosa. Las afectaciones tocaron sus familias, trabajos, credibilidad social y salud mental.

Durante la intervención ante el Congreso también se presentaron números que evidencian la urgencia. Para 2023, alrededor de 585 sacerdotes habían sido denunciados en Colombia por abuso sexual, con el 94 por ciento de los casos ocurridos en los últimos 20 años. De ellos, solo 51 han sido condenados. De manera preocupante, 160 de los sacerdotes denunciados seguían ejerciendo el sacerdocio activamente, mientras la Fiscalía reportaba apenas 45 procesos abiertos contra casi 600 denuncias.

Con este resultado, Santa Marta se posiciona como una de las ciudades que logra incidir directamente en la construcción de una ley nacional que, si es aprobada, será la primera en Colombia en crear una comisión para investigar la verdad y reparar de manera integral a las víctimas de abuso sexual en contextos religiosos.