En El Rodadero, la vitrina turística más importante de Santa Marta, trabajar dejó de ser cuestión de abrir un negocio y atender clientes. En los últimos meses, vender se convirtió en un acto que exigía pagar cuotas a estructuras criminales. Esa realidad, sostenida por amenazas y silencio, finalmente llevó a que el alcalde Carlos Pinedo Cuello ordenara una intervención directa de la Policía Metropolitana para desmantelar el sistema de cobros ilegales que había tomado control económico del sector.

El operativo comenzó con la llegada del Gaula a El Rodadero, realizando recorridos casa a casa y calle a calle para ubicar a los responsables y recuperar la confianza de los comerciantes. Esta ofensiva es respuesta a un consejo extraordinario de seguridad donde autoridades locales diagnosticaron que el balneario se había convertido en el principal punto de influencia de redes extorsivas vinculadas a grupos armados. Un comerciante resumió con claridad la magnitud del problema durante una reunión con las autoridades: "Aquí hasta el que vende mango paga una cuota".

Los investigadores de la Policía describen la estructura como "una empresa ilegal perfectamente organizada". Según explicó un investigador vinculado al caso, "Tienen base de datos, financieros, cobradores y hasta gatilleros disponibles para presionar cierres o respaldar amenazas". Los cabecillas ya identificados operan bajo los alias de "Rey", "Zarco", "El Manco" y "Copete", señalados de dirigir un esquema donde quien pagaba seguía operando y quien se negaba quedaba expuesto a represalias.

El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana, lideró personalmente los operativos junto al Gaula y unidades especializadas contra la extorsión. Las estrategias incluyen vigilancia permanente, controles focalizados, análisis de cámaras de seguridad, seguimiento de inteligencia y acompañamiento directo a comerciantes. Las autoridades aseguran contar ya con alias, rutas de cobro y pruebas documentales suficientes para desestabilizar las estructuras.

El verdadero desafío, sin embargo, no está solo en capturar a los responsables sino en romper el miedo que durante años hizo que comerciantes no denunciaran. Algunos incluso llegaron a pensar que la "seguridad" ofrecida por los grupos ilegales era más efectiva que la institucional. Otros simplemente no podían pagar. La extorsión dejó de verse como delito aislado y pasó a ser percibida como un costo obligatorio del negocio.

En respuesta, el alcalde Pinedo fue claro en su mensaje: "La invitación es clara: denuncien, no paguen. En esta ciudad no vamos a permitir que la autoridad sea reemplazada por bandidos". La administración municipal acompaña la ofensiva policial con intervenciones integrales que incluyen construcción del colector Tamacá, impulso al proyecto Playa Salguero, reparación de la malla vial y rehabilitación integral del espacio público.

El Rodadero representa mucho más que un barrio. Es uno de los principales motores económicos del Caribe colombiano, y cada caso de extorsión afecta la confianza de turistas e inversionistas. Por eso para las autoridades, recuperar el control implica restablecer la legitimidad del Estado en un territorio donde la criminalidad llegó a ocupar funciones de regulación económica. La Policía insiste en que la estrategia será sostenida y no un operativo temporal, manteniendo presencia permanente del Gaula y reiterando el llamado a denunciar a través de la línea 165, con garantía de reserva absoluta.