Paola Gómez, directora del DADSA, lanzó una advertencia que suena fuerte pero necesaria en Santa Marta: cada pozo ilegal que funciona en la ciudad le está quitando agua a todos. Durante una visita a EL INFORMADOR, la funcionaria explicó que la entidad ha detectado cientos de captaciones de agua subterránea sin autorización ambiental, especialmente en establecimientos comerciales que utilizan grandes volúmenes para sus operaciones.

El problema es más grave de lo que parece. Cuando un pozo funciona sin supervisión técnica ni permisos, nadie controla cuánta agua se extrae ni respeta los tiempos que necesita el acuífero para recargarse naturalmente. Esto acelera un fenómeno peligroso llamado cuña salina, donde entra agua de mar a los depósitos subterráneos y daña la calidad del recurso para todos. "Si tú tienes en tu casa o en tu negocio un pozo que no ha sido reportado, le estás quitando agua a toda Santa Marta, porque es un recurso que debe estar disponible para todos", afirmó Gómez.

Desde 2024, el DADSA intensificó los operativos. Han encontrado irregularidades en lavaderos de vehículos, y durante 2026 expandieron las inspecciones a empresas de envasado y comercialización de agua. En varios casos no solo hallaron incumplimientos ambientales sino también posibles riesgos sanitarios. La directora fue clara: "El desconocimiento de la norma no significa que se pueda incumplir. Las personas deben acercarse a la autoridad ambiental, legalizar sus pozos y cumplir con todos los requisitos establecidos".

Sobre la contaminación por ruido, otro de los grandes dolores de cabeza en Santa Marta, Gómez reconoció que requiere tanto control como educación. Desde 2024 el DADSA realiza campañas pedagógicas en colegios, pero algunos comerciantes no entendieron. Para ellos viene lo fuerte: "Vamos a actuar en compañía de la Policía y aplicaremos las medidas correspondientes, incluyendo cierres cuando sea necesario". La entidad vigila especialmente los parlantes orientados hacia la vía pública, que multiplican el impacto en los vecinos.

Un detalle importante: cuando se trata de ruido en viviendas particulares, el DADSA no tiene competencia legal para intervenir directamente. En esos casos la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad y Convivencia son las que actúan. Lo que sí hace la autoridad ambiental es brindar mediciones técnicas para que las otras entidades tengan pruebas para sancionar.

Gómez cerró con un mensaje directo a los samarios: proteger el agua y el ambiente depende de todos. La legalidad y el respeto por los recursos naturales no son caprichos ambientalistas, son la diferencia entre que toda la ciudad tenga agua o que se acabe para todos.