La administración distrital de Santa Marta está tomando acciones concretas para proteger mejor a quienes han sido víctimas del conflicto armado. La noticia la dio a conocer la Alta Consejería para la Paz, liderada por Jennifer del Toro bajo las directrices del alcalde Carlos Pinedo Cuello, durante una jornada de seguimiento a los compromisos que se han adquirido en el Comité de Justicia Transicional. En este espacio participaron representantes de instituciones nacionales, departamentales y distritales que se encargan de velar por los derechos de las comunidades afectadas por la violencia.

El objetivo central de estas acciones es verificar que se están cumpliendo las medidas de seguridad en los planes de retorno y reubicación de víctimas, además de fortalecer la presencia institucional en zonas donde todavía hay riesgos por la actividad de grupos armados ilegales. Para lograrlo, la administración definió tres decisiones estratégicas pensadas en responder de manera efectiva a las necesidades de protección de esta población vulnerable.

La primera medida es una solicitud formal a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz para que presente un balance detallado sobre cómo se han cumplido los Acuerdos Especiales I y II. La administración quiere saber qué avances se han logrado y asegurarse de que en el desarrollo de estos acuerdos se estén garantizando realmente las condiciones de seguridad, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Desde el distrito consideran que hacer seguimiento permanente a estos compromisos es indispensable para evitar retrocesos en la atención de las comunidades más vulnerables.

Como segunda acción, la Alta Consejería solicitará al Ministerio del Interior convocar una sesión nacional de la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a Alertas Tempranas. Este es un mecanismo que coordina las acciones del Gobierno Nacional frente a los riesgos que identifica la Defensoría del Pueblo. La idea es evaluar qué tan bien se están implementando las 38 recomendaciones que formuló la Defensoría en su Alerta Temprana 020 de 2025, un documento que identificó factores de riesgo para comunidades y víctimas en diferentes zonas del país. Santa Marta cree que la coordinación entre entidades nacionales y territoriales es fundamental para prevenir nuevas afectaciones y responder rápidamente ante cualquier situación que ponga en peligro la vida de los ciudadanos.

Finalmente, la tercera medida busca impulsar ante la Unidad Nacional de Protección todos los casos de víctimas del conflicto que requieran medidas especiales de seguridad, asegurando un acompañamiento más cercano para quienes están en riesgo.