Santa Marta decreta "ley seca" y restricciones para garantizar seguridad en elecciones presidenciales
La Alcaldía de Santa Marta expidió el Decreto 234 para regular el orden público durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Entre las medidas está la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas desde el sábado por la tarde hasta el lunes temprano, además de restricciones en propaganda política. El decreto también incluye medidas de inclusión para personas con discapacidad y adultos mayores que requieran acompañamiento al votar.
La administración distrital de Santa Marta, a través de su alcalde Carlos Pinedo Cuello, tomó la decisión de expedir el Decreto 234 del 28 de mayo para establecer un marco de seguridad durante la jornada electoral presidencial que se llevó a cabo el domingo 31 de mayo. El propósito de estas medidas es claro: garantizar que los santamartenses pudieran ejercer su derecho al voto en un ambiente tranquilo y seguro.
Una de las disposiciones más llamativas es la "ley seca" que rigió en todo el territorio del Distrito, tanto en la zona urbana como rural. Desde las seis de la tarde del sábado 30 de mayo hasta las seis de la mañana del lunes 1 de junio quedó prohibido vender y consumir bebidas alcohólicas. Esta restricción aplica en bares, discotecas, restaurantes, tiendas, billares y hasta en la vía pública. La única excepción fue para los hoteles, que pudieron servir bebidas a los huéspedes debidamente registrados. Quienes incumplan estas normas enfrentan sanciones según la Ley 1801 de 2016, que incluyen multas, decomiso de mercancía y hasta cierre temporal de establecimientos.
Además de las restricciones en alcohol, el decreto prohibió toda forma de propaganda electoral durante la jornada de votación. Esto significa que no hubo emisiones de contenido político en radio, prensa o televisión, ni se permitió instalar carteles, pasacalles, vallas o afiches con material político en ningún medio.
Pensando en quienes más lo necesitaban, la administración incluyó medidas para garantizar el derecho al voto de personas con discapacidad, mayores de 80 años o con problemas avanzados de visión. Estos ciudadanos tuvieron la posibilidad de ingresar acompañados al cubículo de votación, respetando siempre el secreto del sufragio.
La Alcaldía dejó clara su posición: estas decisiones buscaban preservar el orden público y evitar alteraciones en la convivencia. Para eso, movilizó a la Policía Metropolitana, inspectores y las secretarías de Gobierno y Seguridad, quienes brindaron todo el apoyo necesario para que el decreto se cumpliera a cabalidad.
Fuente original: El Informador
