La noche del miércoles pasado, 25 personas privadas de la libertad escaparon del Centro Transitorio Penitenciario ubicado en Santa Ana, junto a la Terminal de Transporte de Santa Marta. El hecho reavivó la molestia de una comunidad que lleva años pidiendo que cierren esa cárcel en medio de su barrio. Aunque ocho de los fugados fueron recapturados en las primeras horas y uno se entregó voluntariamente, para los vecinos el episodio confirmó todos los temores que han advertido ante las autoridades locales.

Rosa, presidenta de la Junta de Acción Comunal, explicó que desde el principio se opusieron a que ese espacio funcionara como penitenciario. "Nosotros siempre estuvimos en contra de eso. La comunidad no quiere por ningún motivo tener este centro aquí porque este espacio no fue construido para ese fin. La idea inicial era que fuera un centro para jóvenes, donde se desarrollaran programas educativos en articulación con universidades y el Sena", manifestó. Para Rosa, el hacinamiento pudo ser una de las causas de la fuga, y los vecinos pasaron la noche angustiados por lo que ocurría en las calles del barrio.

Cindy Mendoza, otra líder comunitaria, recordó que el terreno funcionaba antes como cancha de fútbol donde los niños y jóvenes del barrio practicaban deporte. Ahora, con la cárcel operando allí, la situación cambió completamente. "Aquí vienen niños a practicar deporte, tenemos el Polisur, una terminal de transporte, instituciones educativas y una comunidad residencial. Consideramos que esta cárcel no está ubicada en el lugar adecuado", señaló. Durante la fuga, relató Mendoza, algunos internos intentaron meterse a las casas cercanas y hubo momentos de riesgo cuando las motocicletas de la policía se desplazaban a alta velocidad por calles donde jugaban menores de edad.

Uno de los ciudadanos que participó en la transmisión en vivo que realizó EL INFORMADOR fue tajante sobre lo sucedido: "Esto que pasó anoche es una muerte anunciada. Nosotros venimos advirtiendo desde hace años sobre los riesgos que representa tener este centro aquí. Hemos recogido firmas y presentado solicitudes porque no estamos de acuerdo con esta ubicación". La preocupación, aclaró, no es solo de los residentes sino también de estudiantes, comerciantes y todas las personas que a diario pasan por Santa Ana.

Los líderes comunitarios ahora insisten en que el inmueble se destine a proyectos que realmente beneficien a la comunidad, como una sede para la Junta de Acción Comunal o un espacio recreativo. Mientras continúan las investigaciones sobre la fuga y la búsqueda de los internos aún prófugos, Santa Ana mantiene su reclamo directo al alcalde de Santa Marta y a las autoridades departamentales: que evalúen si tiene sentido mantener una cárcel en el corazón de una zona residencial donde conviven niños, estudiantes y familias que solo quieren vivir en paz.