La senadora Sandra Ramírez, representante del partido Comunes y exintegrante de las Farc, fue elegida como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado, decisión que rápidamente desató una ola de críticas en el debate político colombiano. Aunque formalmente el resultado se presentó como unánime, la realidad fue distinta: Ramírez obtuvo los cinco votos de los congresistas que asistieron a la sesión del 25 de marzo, mientras que otros cuatro miembros de la comisión no acudieron al encuentro.

Desde el Senado, Ramírez enfatizó que su intención es trabajar en la periferia del país y resolver conflictos mediante el diálogo. "He sido elegida por unanimidad como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Un honor y un gran reto para seguir avanzando en la transformación social de los territorios y escuchando con atención a las comunidades. La violencia no debe ser el destino de Colombia, debe ser la paz", expresó la parlamentaria, quien ocupa curul desde 2018.

Sin embargo, su pasado en las Farc resurgió con fuerza. Organizaciones de víctimas, congresistas de oposición y usuarios en redes sociales cuestionaron su legitimidad para liderar una comisión encargada de velar por garantías fundamentales. Los críticos argumentan que ella carece de "autoridad moral" dado su papel en el grupo armado. Algunos en redes calificaron el nombramiento como "una burla a las víctimas".

La polémica se centra en que su nombre aparece en expedientes relacionados con delitos graves cometidos durante el conflicto. Actualmente enfrenta investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y en la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se ventilan presuntos casos de reclutamiento forzado y violencia sexual.

La senadora y excandidata presidencial María Fernanda Cabal fue una de las voces más críticas. A través de redes sociales, aseguró que el nombramiento constituye "otra ofensa para las víctimas de la guerrilla".

Ramírez respondió el 26 de marzo con un video en redes sociales. Argumentó que su elección "obedece a su participación en el Congreso por firmar el Acuerdo de Paz" y apuntó contra sus detractores. "Dejen de instrumentalizar a las víctimas con fines politiqueros. Tengan mesura y respeto", concluyó, acusando a los medios y a la "derecha perversa" de estar detrás de las críticas.