Sandra Ortiz no logró lo que esperaba. La exconsejera presidencial para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro recibió por tercera vez una negativa a su libertad. Esta vez fue la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia la que cerró la puerta a su posibilidad de recuperar la libertad, desestimando la acción de tutela que presentó su defensa. El magistrado Carlos Roberto Solórzano fue quien llevó el caso y emitió la decisión de "declarar improcedente la acción de tutela frente a la decisión proferida por el juzgado 79 penal municipal de control de garantías de Bogotá, mediante la cual se negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad".

Desde el 18 de diciembre de 2024, Ortiz permanece recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía en el norte de Bogotá. Enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público. Según la Fiscalía, su rol en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fue actuar como intermediaria para entregar coimas por 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. El propósito, señalan los investigadores, era destrabar las reformas que impulsaba el Gobierno en el Congreso.

La acusación es específica. Según la Fiscalía, "el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez". El ente investigador subraya que la exfuncionaria "tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la UNGRD".

Ortiz fue la primera funcionaria del gobierno Petro en ser capturada por este escándalo de corrupción. Los juzgados ya habían negado su libertad en dos ocasiones previas: la primera fue el 31 de diciembre, casi al cierre del año pasado, y la segunda el 21 de enero. En ambas, los magistrados consideraron que no existían las condiciones para decretar el vencimiento de términos a su favor, dados los indicios en su contra.

El caso ha dejado un rastro de implicados que sigue creciendo. Sneyder Pinilla, quien era subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, ya fue condenado. Olmedo López, el exdirector de la entidad, aún está negociando un preacuerdo con la Fiscalía. Pero Ortiz no está sola en prisión: también permanecen privados de la libertad el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Por su parte, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, huyó a Nicaragua, donde la justicia internacional lo persigue con circular roja de Interpol.