Una decisión judicial le devuelve la libertad a Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las Regiones que estaba procesada por su presunto involucramiento en uno de los escándalos de corrupción más graves del actual Gobierno. El Juzgado 35 Penal del Circuito determinó que en su caso se configuró un vencimiento de términos, es decir, que las autoridades judiciales se demoraron más de lo permitido sin avanzar en el proceso.

Según lo establecido por el despacho judicial, transcurrieron 329 días sin que el juicio oral iniciara formalmente, lo que superó ampliamente los plazos que marca la ley. El juez además señaló que el proceso debería haber comenzado aproximadamente 89 días antes de esta decisión. Curiosamente, esta no es la primera vez que se plantea este argumento: el mismo juez ya había rechazado una solicitud similar presentada por los abogados de Ortiz hace varios meses.

La Fiscalía había acusado a Ortiz de actuar como intermediaria en la entrega de sobornos extraídos de los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la investigación, estos recursos, que alcanzaban cerca de 4.000 millones de pesos, fueron entregados a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. El objetivo, según la acusación, era "facilitar el trámite de proyectos impulsados por el Gobierno de Gustavo Petro".

Durante las audiencias celebradas en el proceso, Ortiz sostuvo una versión diferente de los hechos. Aseguró que recibió presiones para involucrar a ministros del Gobierno actual en las acusaciones. Incluso denunció que funcionarios de la Fiscalía la habrían advertido sobre imputaciones y restricciones de libertad si no entregaba información o conversaciones que comprometieran a miembros del gabinete presidencial.