Sandra Ortiz, quien se desempeñaba como consejera para las Regiones en el gobierno de Gustavo Petro, seguirá en prisión. Un juzgado de Bogotá le negó este jueves su solicitud de libertad por vencimiento de términos, la cuarta vez que la exfuncionaria intenta recuperar su libertad mientras avanza su proceso penal.

El despacho judicial determinó que no se reunían los requisitos legales para acceder a lo solicitado por su defensa. Aunque han pasado 222 días desde que se presentó la acusación sin que comience el juicio oral, el tribunal descontó varios periodos de aplazamientos que el mismo equipo defensor había solicitado. Este cálculo resultó decisivo para rechazar nuevamente su excarcelación.

No es la primera vez que se cierra esta puerta legal. En febrero, la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción de tutela presentada por su abogados, intentando anular una decisión anterior del 21 de enero que también le había negado la libertad. La Sala Laboral del alto tribunal consideró que "Declarar improcedente la acción de tutela frente a la decisión proferida por el juzgado 79 penal municipal de control de garantías de Bogotá, mediante la cual se negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad", según la decisión firmada por el magistrado Carlos Roberto Solórzano.

Ortiz permanece recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía, al norte de Bogotá, desde el 18 de diciembre de 2024. La Fiscalía la acusa de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ha generado una de las mayores investigaciones por corrupción del gobierno actual.

Según la acusación fiscal, Ortiz habría actuado como intermediaria en la entrega de sobornos cercanos a los 4 mil millones de pesos, dirigidos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. El propósito, de acuerdo con los investigadores, era facilitar el trámite de reformas legislativas del Gobierno. Un momento clave ocurrió el 12 de octubre de 2023, cuando presuntamente recibió una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo en un apartamento del centro de Bogotá, dinero que le habría entregado los entonces directivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla Álvarez. Ortiz habría trasladado ese efectivo en un vehículo oficial hacia el norte de la ciudad para entregárselo al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez.

Con este nuevo golpe judicial, la exconsejera permanecerá en prisión mientras avanzan los trámites para iniciar el juicio oral y se define el destino de su proceso penal. Su caso se ha convertido en uno de los más relevantes dentro de las investigaciones por corrupción en la UNGRD, siendo además la primera funcionaria del gobierno Petro en ser privada de la libertad en el marco de este escándalo.